En la madrugada del 26 de noviembre de 2019, cinco funcionarios de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en la humilde vivienda de Yusbelia Ochoa, en Altagracia de Orituco, estado Guárico, donde habitaban la mujer 48 años; su único hijo, de 24; la pareja de éste, de 19, y el hijo de ambos, de apenas 20 días de nacido.
Sin explicación alguna, al joven soldador, que no tenía antecedentes penales, tampoco estaba solicitado ni hacía parte de banda alguna, lo sacaron semidesnudo de la cama y se lo llevaron, no sin antes saquear algunos bienes de valor de la casa.
Jesús, así se llamaba el hijo de Yusbelia, jamás volvió con vida, relata un reporte especial del diario neogranadino El Tiempo, dedicado al tema de este controvertido ente policial venezolano que resalta que como la de Ochoa, historias de otras presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales se repiten mucho, a juzgar por lo que Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), señala: Se ha “masificado, generalizado y hecho sistemático” en Venezuela desde 2014.
Un demoledor informe
Se ha llegado al punto de que, en la actualización oral de la situación de los derechos humanos en Venezuela que hizo el viernes la alta comisionada, Michelle Bachelet, en el marco del 45.º período de sesiones del Consejo de DD. HH. de Naciones Unidas, esta manifestó su preocupación por los “altos números” de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.
“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de julio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, dijo Bachelet.
Sus palabras se suman, además, al informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de determinación de los hechos sobre Venezuela, divulgado la semana pasada y presentado el miércoles pasado ante el Consejo de DD. HH. de la ONU, en el que se detallan once casos en los que la misión llega a la misma conclusión: que tiene “motivos razonables para creer que se cometieron ejecuciones extrajudiciales”, principalmente en manos de la Faes, una fuerza policial que recomienda desmantelar “dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas».
«Su labor es asesinar»
La “FAES no hace más nada, no hace ninguna otra labor que no sea asesinar”, insiste a este diario el exfiscal del Ministerio Público venezolano Zair Mundaray, hoy exiliado en Colombia, al tiempo que se refiere a un cuerpo sin formación ni inspectoría, con directivos “criminales” y que ha sido adoctrinado “conforme a unos postulados de orden interno y no de orden público”, de allí que –asegura– vea al ciudadano como enemigo. “Por eso es que asesinan”, acota.
Lo hacen siguiendo instrucciones de sus supervisores, según la misión de la ONU.
“Dos exoficiales de la FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban el número requerido de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’ ”, se lee en el informe de más de 400 páginas, divulgado el 16 de septiembre.
Y lo hacen también con patrones, fácilmente identificables en la historia del hijo de Yusbelia Ochoa.
“Generalmente de madrugada, sacan a la gente viva de sus casas, desarmadas, y les ejecutan disparos lineales en el tórax, uno o dos. Esperan que la persona se muera, se llevan el cuerpo para decir que lo trasladan al hospital, modifican el sitio del suceso y redactan actas policiales donde dicen que hubo enfrentamientos armados”, dice Mundaray.
Liliana Ortega agrega, además, un patrón de violaciones asociadas a violencia contra la mujer y niños, al debido proceso, a allanamientos ilegales; también el robo de las pocas pertenencias que tiene la familia. Y luego –acota–, una característica fundamental: la obstrucción de la justicia y la manipulación de la evidencia.
Una de las decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales
Ochoa encontró el cuerpo sin vida de su hijo en la morgue de un hospital de su ciudad, luego de que los funcionarios la “ruletearan” hasta el amanecer, y unos familiares la rescataran en la vía pública en la que la abandonaron.
Las enfermeras le dijeron que el joven había llegado abaleado, sin signos vitales. Según pudo leer en un documento que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) pretendieron que firmara después de la autopsia de su hijo, los funcionarios habrían dicho que el joven murió en el marco de un enfrentamiento.
La de Jesús es una de las 11 mil 328 ejecuciones extrajudiciales que Cofavic ha contabilizado desde 2012 hasta el primer trimestre de 2020. Casi la mitad de ellas, 5 mil 125, habrían ocurrido entre 2017 y 2019, luego de que se creó la FAES (en 2016), y en el marco del estado de excepción que comenzó en 2015.
Con información de El Tiempo (Bogotá).
