Eran las 2:00 de la tarde del viernes 25 de enero. Cristian Alejandro Ramos, de 17 años, jugaba en su computadora Canaima, esperaba a su tío para trabajar en el piso del cuarto que construían juntos, en el mismo terreno donde está la casa de su madre, ubicada en el sector El Bosque de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.

A Ramos lo acusan desde el gobierno municipal, de haber intentado quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa de El Tocuyo, junto a los hermanos José Alfredo (24 años) y a Anderson Torres Cortez (17 años), durante las protestas del 23 de enero en la noche que se presentaron en varios puntos de la ciudad morandina, señalamiento que desmienten sus familiares y vecinos.

“A Cristian lo sacaron de su cuarto, su mamá gritaba y él también. Lo llevaron a la casa de los hermanos [Torres Cortez]. Allí los torturaron y los mataron. Eran demasiados funcionarios, nos apuntaban por las ventanas y nos mandaban a encerrarnos en los cuartos. Fue una especie de toque de queda que impusieron mientras los mataban”, cuenta una de las vecinas del sector.

En el terreno de los Torres Cortez hay dos casas, en “la de abajo” como ellos la describen, era donde estaban los hermanos cuando llegaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con pasamontañas, armados y apuntando a todas las personas que veían en su camino.

“Ellos acaban de hacer el porche de la casa… lo hicieron para que los velaran ahí”, dijo entre lágrimas la viuda de José Alfredo y madre de un niño de cuatro años.

La mamá de Cristian escuchaba que los muchachos gritaban, pero no podía salir porque los funcionarios que tenían la zona rodeada se lo impedían y le decían: “Vete para allá vieja chismosa… en vez de estar pendiente de los choros cuando están robando…”.

Vecinos aterrorizados

En la comunidad El Bosque, todos sus habitantes querían hablar al mismo tiempo, cada uno relataba lo que vivió, lo que conocían de los tres jóvenes asesinados y sobre el miedo que ahora tienen por lo que ocurrió.

“Igualmente vamos a denunciar todo esto, porque no podemos esperar que se repita una masacre”, declararon.

Los habitantes de la comunidad tienen temor por la vida de sus hijos, porque han observado durante el día y la noche a patrullas de la policía y a funcionarios del Faes rondando las calles de tierra de esta humilde barriada.

“Esta vez fueron a ellos -señalando a los familiares de los asesinados- pero mañana podría ser en contra de nuestros hijos. Ahora hay que tenerle más miedo a ellos que a los malandros”, dijo un vecino que relataba lo que vivió esa tarde.

La tarde del suceso mandaron a desalojar a quienes vivían en un perímetro aproximado de 30 metros a la redonda de la casa de los hermanos Torres Cortez. A las personas que caminaban por las calles las devolvían y no las dejaban pasar.

Durante nueve horas, los habitantes de El Bosque sufrieron porque no sabían a quiénes habían matado ni a cuántos.

Casi a las 11:00 de la noche los vecinos pudieron volver a sus casas y saber qué había pasado. En el caso de las personas que los funcionarios mantuvieron encerradas desde las 2:00 de la tarde, sin agua y sin alimentos, en cuartos calientes, al fin pudieron salir.

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