El retardo procesal persiste. Familiares de más de 80 personas recluidas en la subdelegación Plaza de Toros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc), denunciaron el incumplimiento de los lapsos establecidos en la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Aunque desde la comisión de la Asamblea Nacional (AN), encargada de la “revolución judicial” se pautaron audiencias para estas personas acusadas de violencia y abuso contra la mujer, todas fueron diferidas.
“Los diputados vinieron y fijaron fechas de inicio de juicio para los meses de julio y agosto y, aunque los privados de libertad fueron trasladados, no se celebró ninguno de los encuentros”, alertó, María Alejandra Grance, hermana de uno de los detenidos.
Ante esta irregularidad, un grupo de familiares acudió a la sede del Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), para pedir que intercedan ante la AN. “Nos recibió la presidenta, Betzabeth Arroyo, y se mostró presta a colaborar con nosotros”.
Piden justicia
Ellos no piden la libertad de sus seres queridos, solo exigen que se respete la ley y que sean sometidos a un sistema de justicia en el que se ejecuten las audiencias. “Que los lleven a juicio y, si ocurre algún diferimiento, que se paute una nueva fecha máximo en los ocho días siguientes como dice el COPP, y no un mes después como suelen hacerlo”.
La semana pasada fueron a la sede del Ministerio Público de Carabobo a entregar un escrito en el que denunciaron que la mayoría de las suspensiones de audiencias ocurren porque los fiscales no acuden. Aún esperan respuestas.
De no obtener resultados positivos, realizarán en los próximos días una toma pacífica del Palacio de Justicia. “Nosotros seguiremos en la lucha porque se les está violando sus derechos humanos”.
La mayor preocupación de los familiares de estos 80 detenidos es que están en un calabozo del Cicpc en condiciones de hacinamiento y con proliferación de enfermedades sin la debida atención médica. Además de que están en un centro de prevención y ya tienen, en promedio, entre dos y cinco años sin que se les haya llevado a audiencia preliminar.
