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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Al otro lado del teléfono se escucha una voz nerviosa y preocupada. Son sentimientos que no puede ocultar Jenny Gomes Paparella al contar más de 72 horas sin saber nada de su hermana Gabriela, quien fue sacada violentamente encapuchada y esposada de su casa la madrugada del martes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No la buscaban a ella, sino a su esposo, el  teniente retirado de la Guardia Nacional Jesús Rafael González Hayek, a quien las autoridades vinculan con el asalto a la 41 Brigada Blindada ocurrido el domingo 6 de agosto.

La familia de la detenida no sabe nada de ella. “Fue secuestrada por funcionarios y no sabemos dónde está”. Están desesperados. La han buscado en el Sebin, la 41 Brigada Blindada, el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional (GN), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Han recibido dos respuesta: “No hay ninguna fémina recluida en este lugar” y “ella no está aquí”.

Se presume que su detención y desaparición haya sido una estrategia para lograr que González Hayek, quien se encuentra en la clandestinidad, se entregue. Durante una entrevista difundida por la periodista Patricia Poleo en su programa, el teniente retirado dijo que ha recibido varias llamadas desde el número de su esposa, quien le dijo que está siendo torturada. Después la voz de un hombre, que se identificó como uno de sus excompañeros de la GN, le insistió que los fusiles robados tienen que aparecer.

La noche del martes también fue allanada la residencia de la falina de González Hayek en el edificio Dorado Plaza de la Trigaleña, en Valencia, donde se llevaron a sus padres. Se desconoce también su paradero.

Jenny Gomes Paparella, recordó que,, de acuerdo al relato del hijo mayor de 14 años de la detenida, Jesús Gabriel González Gomes, fueron alrededor de 40 hombres vestidos de negros los que llegaron en seis camionetas y dos camiones blindados, amenazaron con sus armas largas al vigilante para que abriera el portón, y tocaron con fuerza la puerta de su casa, marcada con el número seis, en la urbanización Los Budares del conjunto Residencial Valle de Oro en San Diego.

Entraron y lo primero que hicieron fue preguntar por el teniente retirado. “No está”, respondió Gabriela, y le pidieron que lo llamara por teléfono. Eso hizo pero su esposo no atendió. Media hora después de revisar toda la vivienda, le dijeron que se la llevarían a ella o al niño de 14 años, hermano mayor de otras dos niñas del matrimonio de ocho y seis años que también vivieron ese momento.

Los funcionarios agarraron los celulares, unas maletas, las llaves del vehículo y de la casa, le pusieron una capucha a ella, la esposaron y la montaron en una de las camionetas. Los menores de edad se quedaron en la calle bajo el resguardo de una vecina.

La denuncia ya fue introducida ante el Foro Penal Venezolano (FPV) y la Fiscalía de Carabobo. También se están haciendo las gestiones para que desde el consulado de Italia se preste la colaboración necesaria para saber algo de ella, quien cuenta con doble nacionalidad, solo se dedica a la repostería, además de atender una peluquería de su propiedad. “Ella nunca participó en protestas de calle contra el Gobierno”.

 




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