Este jueves todavía se encontraban familiares de hombres abatidos en los últimos días en presuntos enfrentamientos con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, reclamando los cuerpos en la morgue de Bello Monte.
Aunque ninguna autoridad ha oficializado la cifra de muertos registrados entre domingo y lunes en distintos sectores de Caracas, como Las Mayas, El Junquito, Mariches, Catia, Carapita, Petare, El Valle y otros, trascendió que pasan de 20.
Oscar Sosa estaba haciendo los trámites para retirar el cadáver de su hijo Steewar Jeremi Sosa Lobo (29), quien fue sacado de su casa en el sector Coco Frío, de Brisas de Pro Patria, vía El Junquito, el lunes a las 6 de la mañana.
-Si se lo llevó el FAES, y no aparece por ninguna parte, hay que buscarlo en la morgue. Dijo Sosa.
En la casa estaba la novia de Steewar, le tomaron fotografías, la dejaron encerrada y se llevaron al hombre.
Steewar estuvo preso en La Planta (ya desaparecida) durante tres años por hurto, hace siete años quedó en libertad y “no se estaba metiendo en problemas”, aseguró su padre.
Sosa Lobo vivía del comercio informal y dejó un hijo de 10 años.
Debido al incremento de personas muertas en presuntos enfrentamientos con las FAES, Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, les recomendó a los familiares de las víctimas que se unan, se organicen y acudan a organismos de derechos humanos, que se encargan del tema, para que reciban orientación, fortalezcan su capacidad de documentar sus casos y exponerlos ante las instancias correspondientes.
“En ningún momento pueden tomar la justicia por sus manos y quitarle la vida a quien haya cometido un delito. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, expresó.
Los funcionarios que ejecuten estos procedimientos no podrán exculparse alegando que “cumplieron órdenes”, porque la responsabilidad penal es individual.
Cuando se trata de una orden inconstitucional, el funcionario tiene derecho a decir “no voy a cumplir esa orden”, porque al cumplirla se convierte en el autor material y quien lo mandó es el autor intelectual, es decir, la responsabilidad es compartida”.
Prado recordó que la historia ha demostrado que esos escuadrones de la muerte nunca se salvan de la justicia.
“No solo ellos sufren cuando caen detenidos, también sufren sus familiares. Desde la prisión ven morir a sus padres, abuelos, sus hijos se casan y ellos siguen presos”.
Supuestamente están ejecutando a hombres con antecedentes penales, ó que se encuentran bajo presentación, como ha ocurrido en estos últimos días y para verificar su estatus legal los chequean con un aparato captahuellas.
El deber del funcionario es radiar el nombre de la persona detenida, no utilizar captahuellas, para que los organismos de seguridad indiquen si está solicitado o es alguien que incumplió una medida de presentación, destacamento de trabajo u otro beneficio, a fin de que la detención se haga efectiva y lo pongan a la orden del tribunal u organismo de seguridad que lo solicita, explicó Prado.
Acotó que es sumamente grave lo que está ocurriendo, cuando se refirió a esas muertes que tienen todas las características de ejecuciones extrajudiciales.
