Protestas en Venezuela. (Foto Cortesía de El Diario)

Varios activistas de Derechos Humanos de Venezuela pidieron este viernes al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que «se haga justicia» por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y de los que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro.

La solicitud se realizó en un encuentro en el que varias madres de manifestantes asesinados en protestas y familiares de ciudadanos calificados como presos políticos expusieron sus casos, tal y como se dio a conocer mediante una nota de prensa difundida por la oposición.

«Ya son siete años de la ejecución extrajudicial de mi hija en la que participaron 24 militares del Estado venezolano y solo dos han sido juzgados», afirmó durante el encuentro Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien murió durante las protestas de 2014.

Moreno instó al fiscal de la CPI a «que se haga justicia con todas las madres que han perdido a sus hijos por culpa del gobierno de Maduro».

Además, refirió que, para ella, se trata de una «tragedia» que la obliga a «soportar» no solo la pérdida de su hija, sino también «la ausencia de justicia».

También tomó parte Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo -joven que murió en Caracas durante las protestas de 2017-, quien agregó que «ser víctima de una violación de derechos humanos en Venezuela es igual a quedar mudo, ya que nadie atiende, nadie es competente, y la única forma de ser escuchado es a través de los órganos de justicia internacionales».

Todas las víctimas y familiares de presos coincidieron en la necesidad de que instancias internacionales «intervengan» para que sean condenados los culpables de los crímenes que denuncian, agregó la información.

«Le pido al fiscal Karim Khan que se ponga en nuestros zapatos como hijas, madres o esposas, esta es una lucha que no es fácil y cuando no ha terminado la lucha no vemos ni siquiera luces en el camino, que intervenga para hacer el bien y que cumpla con su mandato», dijo Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa, considerado «preso político» desde 2018.

El pasado 15 de junio, la Fiscalía de la CPI emitió un informe en el que se indicó que existe «una base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron «crímenes de la competencia de la Corte, al menos, desde el 2017».

El documento fue emitido el día que terminó su labor la anterior fiscal, Fatou Bensouda.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, rechazó lo contenido en el texto de la Fiscalía de la CPI y tildó las conclusiones de «apreciaciones subjetivas que no se ajustan a la realidad».




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