Varias decenas de representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se congregaron frente al Palacio de Tribunales para mostrar su rechazo a una decisión judicial que, denuncian, favorece la impunidad. Foto EFE

Decenas de familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet realizaron hoy una protesta  frente al domicilio del ex agente del régimen militar Felipe González Astorga, uno de los siete condenados por crímenes de lesa humanidad que fueron liberados por la Corte Suprema chilena.

Los manifestantes que conforman la autodenominada “Comisión Funa” repartieron volantes en las inmediaciones de la casa del violador de derechos humanos y exmiembro del Ejército, situada en la santiaguina comuna de Conchalí, en los que detallaron la calidad de “torturador y asesino” de González Astorga.

En el domicilio del exrepresor que purgaba condena en la cárcel de Punta Peuco, un recinto especial para los violadores de los derechos humanos, colocaron un cartel en el que se denuncia la actuación del ahora ex agente.

El lugar se encontraba custodiado por varios funcionarios de Carabineros, según informó el portal de radio ADN Chile.

En una de las pancartas que llevaban los familiares de las víctimas de la dictadura se podía leer “Felipe Luiz González, Asesino Torturador, Liberado por la Corte Suprema”.

Los primeros cinco beneficiados con el fallo del martes 31 de julio son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.

Un día después, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que mil 192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33 mil fueron torturados y encarcelados por causas políticas.




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