En el Internado Judicial de Carabobo, el proceso para visitar a los detenidos en el contexto postelectoral cambió. La rutina, donde se pedía a las familiares quedarse con su ropa interior, ahora incluye que se desnuden por completo.
“En la hora de la revisión nos desnudan a todas. Hay una cámara que te enfoca; aparte de eso, hay una chica que te revisa y te quita todo. Te deja desnuda, como si fuésemos a pasar un objeto”, relató una de las familiares.
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Explicó que los días 4, 5 y 6 de diciembre el proceso se realizó en dos cuartos, como es costumbre. La revisión es individual, y la siguiente persona solo pasa cuando la otra está parcialmente vestida. “Te ponen la ropa en una mesa mientras la custodia revisa. Te hacen saltar (desnuda) con las rodillas flexionadas para ver si tienes algo en la vagina”.
Para la mujer, es una falta de respeto que le pidan despojarse de todas sus prendas, un ataque a su dignidad. “Tú no sabes cuántas personas te están viendo por esa cámara, quién está detrás viéndote o qué podrían hacer con esas grabaciones”, lamentó.
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Con un “quítate el sostén” fue como le pidieron a otra familiar que cumpliera con el nuevo procedimiento. En su caso, no saltó, pero sí pensó en quién la veía detrás de la cámara.
En el penal de Tocuyito no importa la edad: todas las mujeres deben pasar por el mismo procedimiento, a pesar de que algunas, por los años y patologías, tienen movilidad reducida.
La envoltura de la paquetería también se quita
El proceso de la paquetería también cambió. Un familiar comentó que, en ocasiones, a pesar de que la cantidad es poca, los custodios sacan parte del contenido.
“Ese día (durante la visita) no me la devolvieron. Ellos le sacaron la mitad de lo que llevaba en el paquete y se quedaron con eso”.
¿La revictimización aumentó?
Según Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela), las madres, esposas e hijas se han convertido en victimas directas de violaciones a los derechos humanos a través de los tratos crueles a los que se ven sometidas.
Tineo señaló que las prácticas denunciadas por familiares, que violan sus derechos fundamentales, son una respuesta a la vocería y denuncias sobre los maltratos que sufren los privados de libertad. “Esta es una forma de castigarlas, ejercer represalias, hostigarlas y pretender silenciarlas. Sin embargo, vemos como estas personas con muchísima valentía, superando el miedo y amenazas insisten en denunciar”.
Destacó que las prácticas, que atentan contra la dignidad, honor y reputación tienen un impacto psicológico que se relaciona con una política de miedo, temor o silencio. Aunque rescató que, los venezolanos se han empoderado en el conocimiento de los derechos y denuncia activa. "En la misma proporción que son maltratados, responden a través de la documentación".
