Foto: Cortesía

Los familiares del diputado Gilber Caro, recluido desde hace catorce meses, pudieron hablar ayer con él luego que denunciaran desde el pasado viernes que el legislador de Voluntad Popular (VP) estaba desaparecido y exigieran una fe de vida al Ejecutivo.

Gilber llamó. Agradecemos a todo el apoyo nacional e internacional que hemos recibido. Seguimos exigiendo ver a Gilber, necesitamos corroborar que se encuentre físicamente bien, dice un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Caro, manejada por sus familiares.

La diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo dijo a periodistas que la conversación duró breves minutos y sirvió para que Caro informase que se encuentra recluido en la cárcel Fénix del estado Lara, sin mayores detalles por ahora sobre el estado en que se encuentra.

Con anterioridad se encontraba en el Centro para Procesados 26 de Julio en el estado Guárico.

Pichardo remarcó que esta llamada telefónica se produjo después de más de 72 horas sin conocer el paradero de su colega y compañero de formación.

El partido liderado por el opositor bajo arresto domiciliario Leopoldo López, informó antes a través de Twitter que la familia de Caro pasó horas en la puerta de la cárcel en la ciudad de Barquisimeto para intentar ver al detenido y no los dejaron pasar.

Una comisión de diputados del Parlamento venezolano, acudió ayer a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para solicitar información oficial sobre el paradero de Caro, quien, aseguran, se encontraba desaparecido.

Estamos exigiendo a la señora Iris Varela que dé respuesta al país de la integridad física y el lugar donde se encuentra el diputado Gilber Caro, secuestrado y en desaparición forzosa desde el viernes, dijo la diputada Gaby Arellano a periodistas desde la sede el Ministerio Penitenciario.

En una nota de prensa del viernes pasado VP indicó que el traslado del diputado fue ordenado desde Caracas bajo el argumento de un presunto intento de fuga, idea que rechazaron.

Caro fue detenido el 11 de enero de 2017 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, según el Ejecutivo, fue capturado en flagrancia en el estado Carabobo cuando portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada.

La oposición venezolana y organizaciones defensoras de los derechos humanos lo consideran un preso político del gobierno de Nicolás Maduro.




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