Los familiares de las víctimas del operativo policial, en El Junquito, denunciaron que son amenazados por personas del gobierno, informó la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que investiga el caso del asesinato de los nueve ciudadanos venezolanos.
La diputada aclaró que la reunión se realizó a puerta cerrada por medidas de seguridad y para resguardar la integridad de los mismos.
En el acta de la reunión se manifestó que en el encuentro no asistieron los ministros de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, de Defensa el General Vladimir Padrino López, de Agricultura Urbana Freddy Bernal, del Mayor Rafael Enrique Bastardo, el General de Brigada Carlos Pérez Ampueda, el director del Digsim Iván Rafael Hernández y el General Ramón Pimentel, quienes se citaron conforme a lo que manda la Constitución y la Ley.
Solórzano expresó que se dejó constancia sobre la respuesta formal suscrita por el coronel Domingo Argenis García Pérez de la Morgue de Bello Monte con el objetivo de informar a la Comisión, en el que expresa que el ciudadano Fiscal Militar noveno de Caracas, Mayor Luis Marval, es el encargado de la investigación penal del suceso, donde resultaron asesinados nueve ciudadanos, por lo que cualquier notificación o solicitud debe ser dirigida a él.
«Este es el primer documento legal que recibimos donde se manifiesta que el caso de las víctimas de la masacre de El Junquito se encuentra en la jurisdicción militar y no a la jurisdicción civil, acto que violenta de manera flagrante nuestra Constitución y por ello queremos que quede constancia en el acta sobre este particular. Evidentemente la Morgue de Bello Monte no puede darnos información de acuerdo con la orden del Tribunal Militar», afirmó.
Para la investigación se agregó otro vídeo, de aproximadamente cuatro minutos, que se considera vital para la investigación y las evidencias, donde consta que las víctimas en ese momento no presentaban heridas y que estaban dispuestos a entregarse, informó Solórzano.
La abogada señaló que «había un compromiso que iba entrar el Ministerio Público, periodistas y los funcionarios que allí se encontraban al momento de los acontecimientos. Queda en evidencia que hubo un proceso de negociación y luego fue alterado por los funcionarios del Estado».
Los diputados miembros de la comisión se encontraban presentes en la Morgue de Bello Monte y se reunieron con el director adjunto del recinto, Luis Martínez, quien se comprometió a ingresar a los familiares de las víctimas para que reconocieran los cuerpos, lo cual se realizó este jueves, afirmó.
Delsa Solórzano denunció que la subcomisión, trató de realizar la inspección en el lugar de los hechos, en la carretera 16 de El Junquito, pero los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les permitieron el acceso.
«Sin embargo se pudo obtener a través de diferentes testimonios y fotos de cómo quedó el lugar de los hechos, el cual fue destruido, acabando con las evidencias fundamentales para la investigación. Esto es castigado por la legislación venezolana, aquel funcionario público que contribuya a destruir las evidencias está sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa», explicó.
De acuerdo con el artículo 187 de la Constitución, las investigaciones que realice esta instancia parlamentaria tienen valor pleno probatorio en juicio y así mismo las harán valer, puntualizó.
Nota de prensa
