Familiares de los más de 453 presos políticos que, según cifras del Foro Penal, hay en estos momentos privados de libertad en el país caribeño se reunieron este sábado en Caracas para apoyarse mutuamente y denunciar las injusticias y atropellos que sufren sus seres queridos.
Una de las oradoras en el acto -organizado por Foro Penal- fue Ylsys Contreras, la madre de Carlos Contreras, un joven de 26 años detenido desde hace seis meses sin que se haya celebrado ningún juicio en el penal militar de Ramo Verde tras ser acusado por la justicia militar de pertenecer a un supuesto grupo terrorista.
La madre de Contreras explicó que el joven sufre de un acceso perianal que teme que provenga de las descargas eléctricas en los testículos esté en el origen de su afección, y contó que no ha recibido la atención médica que necesita pese a haber pedido repetidamente a los tribunales su trasladado a un centro médico.
«Ayer lo pude ver. Según me dice, el médico lo revisa visualmente, pero no le han hecho un examen físico. Se está deteriorando. Ayer pude ver su ropa interior, porque no hay privacidad en ese espacio, y no he podido dormir en toda la noche pensando en lo que está drenando», dijo la madre de Contreras, que teme que su hijo quede estéril por las descargas que recibió.
En algunos discursos, familiares de encarcelados agradecieron al Foro Penal la asistencia que presta a los detenidos y su labor para lograr su liberación.
Entre los presentes había también familiares de los militares detenidos y condenados al ser declarados culpables de los numerosos intentos de golpes de Estado que el chavismo ha dicho haber identificado desde su llegada al poder en 1999.
«Mi marido no hizo más que explicar a sus subordinados lo que dice la Constitución, que la Fuerza Armada debe ser neutral», declara a Efe Kerling de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez, condenado en 2015 al establecer un tribunal que estaba implicado en la llamada «Operación Jericó».
Varios oficiales fueron declarados culpables de delitos de instigación a rebelión y contra el decoro militar al considerárseles responsables de un plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro.
Según la esposa del militar, su marido fue condenado sin pruebas y no hizo más que defender la neutralidad en la Fuerza Armada ante las entrada a los cuarteles de proclamas que reivindican la «Revolución Bolivariana» y el «socialismo».
