Familiares acudieron este martes a la morgue de Bello Monte a reclamar los cuerpos de sus parientes muertos en los sucesos ocurridos el lunes en la urbanización Araguaney de El Junquito.
Procedentes de la vivienda donde se refugiaba Oscar Pérez, fueron ingresados siete cadáveres, seis hombres y una mujer. Los primeros fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres, de 30 años; Abraham Israel Agostini Agostini, de 33 años; José Alejandro Díaz Pimentel, Oscar Alberto Pérez, de 36 años; Jairo Simón Lugo Ramos, y Abraham Noel Lugo Ramos, de 30, según informó en rueda de prensa el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol.
A la medicatura forense acudieron los parientes de José Alejandro Díaz Pimentel y de Lizbeth Andreina Ramírez Mantilla, tachirense, de 30 años, para retirar los cuerpos.
La identidad de la mujer no había sido suministrada por el ministro, quien informó que hubo seis detenidos.
Aunque hubo versiones de la muerte de un colectivo del 23 de Enero, el alto funcionario no hizo ninguna mención. Confirmó que murieron los oficiales de la PNB, Andriun Domingo Ugarte (32) y Nelson Antonio Chirinos (29).
En efecto, nueve cadáveres producto del referido suceso fueron llevados a la morgue. Los cuerpos de los funcionarios fueron ingresados, provenientes del hospital Pérez Carreño, a las 4:30 de la tarde del lunes. Aproximadamente a las 5:45 llevaron los otros siete.
Los oficiales fueron autopsiados en tiempo record y a las 9 de la noche entregados a sus familiares. Uno de ellos era pariente de un alto funcionario del viceministerio de la suprema felicidad.
Fuentes extraoficiales indicaron que uno de los policías era colectivo del 23 de Enero, conocido como Neiker Vásquez. Ningún familiar dio declaraciones.
Ayer la morgue permaneció acordonada, por funcionarios de la GNB y de la PNB, quienes impidieron el trabajo de los periodistas. No permitieron el paso de vehículos y alegaron que era zona de seguridad.
Los parientes de Díaz Pimentel y de Ramírez Mantilla realizaban trámites para llevarse los cuerpos pero esperaban la autorización de un alto funcionario.
Algunos reporteros que lograron ingresar a pie, fueron obligados a abandonar los espacios ya confinados desde hace varios meses a través de una cerca de alambre.
Se supo que las autopsias estaban retrasadas porque los patólogos se retiraron al mediodía y estaban trabajando profesionales venidos de otras morgues, como Los Teques.
Adentro, a los trabajadores de la mediactura los despojaron de cámaras y celulares y les prohibieron utilizar tales equipos.
Trascendió que las autoridades tenían intensiones de cremar el cuerpo de Óscar Pérez, sin autorización de sus familiares, quienes se oponían.
Se recuerda que el cadáver del “picure” lo cremaron en contra de la voluntad de sus familiares que vinieron desde el estado Guárico, se lo entregaron en una cajita de cartón y les dijeron que era “orden presidencial”.
Según la ley, ningún fallecido en circunstancias violentas puede ser cremado, menos aun cuando se trate de un homicidio porque en un futuro podrá ser exhumado.
