Juan Pablo Pernalete, (Twitter)

Familiares, ONG y líderes opositores de Venezuela pidieron este martes justicia para el joven Juan Pablo Pernalete, asesinado hace cinco años durante las protestas antigubernamentales de 2017, cuyos padres solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «ser escuchados» y que «las ejecuciones extrajudiciales» sean investigadas.

Elvira Pernalete, madre del joven de 20 años, dijo en su cuenta de Twitter que, cinco años después del asesinato de su hijo, no se ha hecho justicia, puesto que «aún sus autores materiales continúan en libertad», sin existir «indicio de investigación a la cadena de mando sobre este hecho».

En este sentido, la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) sostuvo en la misma red social que «aún no hay justicia» por ese asesinato del «joven estudiante universitario, deportista, y luchador social», a quien «guardias nacionales le dispararon a quemarropa, perforando su pecho con una bomba lacrimógena».

En mayo de 2017, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que la muerte de Pernalete se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos, desmintiendo así la tesis oficialista de que había sido herido por una pistola usada para la ganadería.

El presidente Nicolás Maduro, así como el entonces ministro de Información, Ernesto Villegas, habían señalado a la oposición por esta muerte.

A juicio del opositor David Smolansky, quien pidió hoy justicia para Pernalete, el estudiante fue asesinado «por instrucciones de Nicolás Maduro y los jerarcas de la dictadura».

La ONG Provea también recordó el suceso y aseguró que sus padres han «encontrado innumerables trabas en su búsqueda de justicia».

El pasado 3 de abril, Elvira Pernalete dijo que era «positivo» que la CPI instale una oficina en Venezuela «siempre y cuando las víctimas sean escuchadas, (y) que los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales sean incluidas en la investigación».

La última semana de marzo de 2017, el país fue sacudido por dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían las competencias del Parlamento, entonces de mayoría opositora, dando paso a una ola de protestas que se saldó con más de 120 muertos y la condena de parte del mundo a Venezuela.




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