La guerrilla FARC dijo este domingo que el gobierno de Colombia traiciona el acuerdo de paz, firmado en noviembre para poner fin a medio siglo de conflicto, al introducir cambios en proyectos de acceso a la tierra que no fueron acordados conjuntamente.
En un comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) aseguraron que un proyecto de decreto para facilitar la reforma rural acordada en el pacto de paz, que fue enviado a comunidades indígenas y étnicas para su consulta, «no corresponde a la versión elaborada conjuntamente» por las partes.
«El proyecto radicado no solo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la Comisión de Impulso, Seguimiento y Verificación a la Implementación (del acuerdo de paz, integrada por las FARC y el gobierno), sino que introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas», se quejó la guerrilla.
Según el comunicado firmado por los miembros de las FARC en la comisión de seguimiento, «la versión acordada reconocía como beneficiarios del acceso a tierras a campesinas y campesinos», mientras que «la versión amañadamente radicada amplía los beneficios a grandes propietarios».
«Con este acto tramposo, el gobierno nacional no solo traiciona el acuerdo final de paz, sino a los campesinos y campesinas que albergan la esperanza de que la Reforma Rural Integral haga posible la desconcentración y democratización de la tierra», señaló el texto.
Uno de los puntos más álgidos del acuerdo de paz que se firmó en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC fue la reforma rural, que busca una solución al problema de la concentración de tierras, raíz del conflicto armado de más de medio siglo.
Ahora «está en riesgo la oportunidad histórica de lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra», aseguraron los representantes de las FARC.
El conflicto armado en Colombia deja al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados en medio de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
