Fedecámaras aseguró este viernes que aspira a que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro, los empleadores y sindicatos, que se inició el 7 de marzo bajo el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), marque el principio «de un pacto social sólido».
Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) aspiramos a que el diálogo social se convierta en una realidad y marque el inicio de un pacto social sólido por Venezuela, que garantice soluciones beneficiosas y el ejercicio pleno de la libertad sindical y los derechos laborales en el país», dijo la patronal en un comunicado.
El gremio empresarial señaló que también espera que el diálogo social encamine al país «hacia una senda de crecimiento económico e inclusión social, con calidad de vida para los trabajadores y que, en definitiva, se traduzca en un mayor progreso y bienestar para todos los venezolanos».
Incumplimiento de convenios
La Comisión de Encuesta de la OIT —la número 13 en 100 años de historia del organismo—, visitó el país en 2019 y señaló en un informe que el gobierno incumple los convenios número 26 (fijación de los salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de asociación) y 144 (consulta tripartita).
Las recomendaciones partieron por «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno.
Según el comunicado de Fedecámaras, la dirección de la OIT deberá presentar «un informe sobre los progresos alcanzados en el diálogo social», que se llevará a cabo hasta el mes de mayo.
«La decisión del Consejo de Administración y la presencia en el país del grupo de la OIT, que prestará la asistencia técnica, permitirán el desarrollo de una mesa de diálogo con condiciones de equilibrio que garanticen un diálogo real y efectivo bajo la supervisión de la OIT», precisó la patronal.
En la mesa de diálogo, agregó, espera que se aborden «los graves problemas estructurales que afectan el mundo del trabajo y de la producción, lo cual impone considerar la dinámica y necesidad de cambios ajustados a las realidades presentes en el mundo laboral y productivo del país».
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