Las razones sobran para que desde Fedecámaras se exija la eliminación de ese operativo.(Foto Ángel Chacón)
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

No hay resultados positivos tras la activación del Plan Zamora en Carabobo. Fue el miércoles 3 de mayo cuando se dio la orden. Se implementó luego de 48 horas de las 90 que contabilizó el sector privado de ataques violentos en su contra. La inacción fue la norma. Mientras se reprimía las manifestaciones legítimas de calle, los hechos vandálicos se desarrollaban con aparente permiso y arrojaron pérdidas de 25 millones de dólares. Lo siguiente fue una serie de detenciones arbitrarias y de juicios militares a civiles violatorios del debido proceso. Las razones sobran para que desde Fedecámaras se exija la eliminación de ese operativo.

Todos los sectores productivos se vieron afectados en la región. Desde el comercio y los servicios, pequeñas y medianas empresas, la gran industria, hasta el transporte. Transversalmente el resto también tuvo registro de pérdidas económicas importantes. Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, fue claro: “El orden público no puede costar la violación de los derechos humanos, ni arrestos sin justificación ni pruebas,  y mucho menos que se le prive a la ciudadanía ser procesados por sus jueces naturales”.

La organización gremial emitió un comunicado en el que condena la desproporcionada fuerza de represión empleada por los órganos de seguridad del Estado para enfrentar a la población civil en el ejercicio su derecho constitucional a manifestar. “Eso no solo ha generado zozobra, caos y angustia en la población, sino que ha enlutado a una cantidad significativa de familias venezolanas”.

Pidieron además la intervención del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para que todos los ciudadanos civiles que han sido arbitrariamente llevados ante la justicia militar y le han imputado delitos de la jurisdicción castrense, les sea garantizado su derecho a la defensa, al debido proceso y a ser juzgados por sus jueces naturales.

NO A LA ANC

La respuesta es definitiva: No. Todas las organizaciones afiliadas a Fedecámaras coinciden. No participarán en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que incluye postulaciones del sector empresarial y de la clase trabajadora para la elección sectorial.

Calificaron como un fraude electoral el proceso que se pretende realizar sin la aprobación previa del pueblo en referendo consultivo y denunciaron la violación del principio de igualdad en el valor del voto, su universalidad y el principio del ejercicio libre del sufragio. “Pedimos que se respete el derecho de un voto por persona, no puede tratarse de votos sectoriales”.

Del Vescovo insistió que no habrá postulantes desde Fedecámaras para la ANC porque tratarse de inconstitucional. “Tenemos plena confianza que la ciudadanía establecerá mecanismos pertinentes en la Constitución de 1999 para impedir que se lleve a cabo”. exigió al presidente Nicolás Maduro que abandone el sectarismo y las prácticas autocráticas, para que, como Jefe de Estado y de Gobierno, atienda los reclamos que le hace el pueblo de Venezuela, que no son otros que el respeto a la soberanía popular y a los principios rectores del Estado de Derecho.

CAÍDA EN LA PRODUCCIÓN: CRISIS SOCIAL

Esta vez las cifras fueron lo menos importante. Del Vescovo, acostumbrado a dar números del comportamiento de la industria en la región prefirió dar otro balance. Para él y los presidentes de todas las cámaras en Carabobo se debe prestar atención en las consecuencias de la caída de la producción: La crisis social cada día se profundiza más.

Las clases populares, para las que se supone se hizo la revolución y su cambio de dirección política, ahora se traduce en 75% de venezolanos en pobreza. Más allá de decir que la Zona Industrial de Valencia, la más importante del país, trabaja a menos de 30% de su capacidad, y que la producción de alimentos se redujo 35% durante los primeros cuatro meses de 2017, el presidente de Fedecámaras resaltó los innumerables casos de desnutrición infantil, de madres que no pueden llevar a término sus embarazos, y de niños que nacen con bajo peso por toda esa situación. “Y lo peor es que nada de eso se resuelve con una bolsa o caja de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que es el único programa del Gobierno y que vende como la solución”.

 




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