Fedecámaras rechazó persecución policial por escalada de precios

La principal patronal, Fedecámaras, rechazó este martes la presunta «persecución policial» del Gobierno de Nicolás Maduro luego de la escalada de precios que sufrió la economía del país en los últimos días, y que llevó a las autoridades a forzar la bajada de algunos productos.

«Es urgente abastecer los mercados y eso no se hace con persecución policial. Eso se hace con políticas económicas serias, responsables y bien estructuradas, y eso no se ve por ningún lado», dijo el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal.

En una entrevista concedida a la emisora privada Unión Radio, Larrazabal explicó que las últimas decisiones del Gobierno no abordan las raíces económicas del problema.

«Si siguen estas medidas policiales, que en vez de abordar el fondo del problema (…) buscan perseguir al sector productivo, la solución no será diferente», añadió.

El Gobierno obligó hace 10 días a supermercados y comerciantes a rebajar los precios de algunos productos a los montos del 15 de diciembre, que se vieron incrementados tras el anuncio de aumento salarial que hizo el presidente Maduro en su saludo al país por el fin de año.

La ejecución de esta medida de rebajas forzadas llevó, según Larrazabal, a una ola de sustracción ilegal controlada que acabó con los productos en los anaqueles.

«Ahora tenemos la grave dificultad de reponer esos inventarios, en vista de que muchas empresas (apenas) están regresando de las vacaciones (de fin de año)», señaló.

Larrazabal, además, pidió el levantamiento del control de cambios, que rige en Venezuela desde 2003, como una medida que diluiría la alta cotización del dólar en el mercado paralelo.

En tal sentido, aseguró que los empresarios venezolanos no tienen acceso al mercado oficial de divisas desde agosto pasado, y que los industriales realizan la mayoría de sus importaciones con dólares adquiridos en el mercado paralelo.

Esta misma jornada, el vicepresidente, Tareck El Aissami, denunció tras una reunión de trabajo con algunos empresarios del país los aumentos de precios «criminales, brutales (y) sin justificación», al tiempo que reiteró la solicitud de rebajas.

De acuerdo a datos aportados por el Parlamento, Venezuela cerró 2017 con una inflación superior al dos mil 600 %.

Pero el Gobierno asegura que la inflación es inducida y acusa a una guerra económica, que estaría siendo adelantada por los Estados Unidos, comerciantes especuladores y un sector de la oposición, de las distorsiones de la economía.

Economistas independientes atribuyen la inflación desbocada a los controles de cambio de divisas, la destrucción de la producción y la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela.