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El vicerrector administrativo de la UC, José Angel Ferreira, sostiene que la violenta devaluación del último mes, ha contribuido a que el salario mínimo nacional decretado en marzo a razón de 30 dólares, haya disminuido a 9,20 dólares.

Esto ha afectado profundamente las tablas salariales de los trabajadores universitarios, al punto de que un  obrero de grado 7 está ganando como salario básico 13,81 dólares y un empleado de nivel 15 recibe 22 dólares.

Un profesor titular a dedicación exclusiva está percibiendo 45 dólares mensuales y un profesor instructor, 27 mensuales. Es tan brutal la diferencia, que los profesores pasaron a tener los sueldos más bajos de la Latinoamérica.

Ferreira aseguró que los profesores universitarios colombianos ganan 288 veces más que sus colegas venezolanos, en el más alto nivel a dedicación exclusiva.

El vicerrector administrativo presentó una serie de planteamientos que, en su criterio, deben ser atendidos la brevedad posible.

En primer término, que se aplique la convención colectiva homologada actual y con ello eliminar el instructivo Onapre, el cual insólitamente se sigue aplicando con todas las consecuencias negativas que en su criterio esto significa.

Aseguró que se debería obviar ese instructivo y establecer un nuevo salario mínimo o, en su defecto, establecer una escala de aumentos como la que, en teoría, se firmó con el Ministerio de Educación respecto al personal de educación básica y media, quienes lograron aumentos prefijados en tres momentos para el año 2023, tres momentos del año 2024 y uno del año 2025, lo cual equivale a adelantar la quinta convención colectiva única que se vence a mediados de año, y con ello se establecería una política salarial que en el pasado fue pertinente.

Señaló la urgente necesidad de volver al manejo de los planes de salud en forma autoadministrada por cada universidad, en lugar de depender de la centralización del Sismeu.

Por otra parte, Ferreira propuso restituir el pago de las pensiones alimentarias de niños ordenados por los tribunales,  que insólitamente, según dijo, se las ha quedado la plataforma Patria.

Propone además que sean devueltas las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta, el Seguro Social, la Ley de Política  Habitacional, cajas de ahorro y los fondos de pensiones y jubilaciones.

“Ya vamos para dos años sin cobrar estas retenciones, con los consecuentes problemas tanto legales como operativos y de solvencia de unas personas que ya pagaron. Esto afecta a todos los organismos de previsión de la universidad nacional venezolana, que han visto mermada su capacidad de respuesta y de apoyo a la seguridad social”.

Refirió que ya existen universidades, como la de Carabobo, que tienen el registro de información fiscal (RIF) suspendido con todas las consecuencias negativas, pese a que la universidad ha cumplido.

Apuntó que otra de las variables es honrar las palabras del presidente de la república, con respecto al bono para los jubilados de Bs. 10.000, absolutamente devaluados, pero una palabra empeñada públicamente que debería cumplirse. Un plan para pagar capital e intereses de prestaciones sociales, para que  con ello vuelva la regularidad de años anteriores.

José Ángel Ferreira finalizó sus propuestas con la solicitud de que se honre la política de uniformes, “la cual no se ejecuta desde hace más de seis años y que son absolutamente necesarios, sobre todo en estos momentos tan difíciles en el plano económico”.

Manifestó que el 2023 apunta a ser un año muy difícil.

“La universidad venezolana y, en especial, la de Carabobo, han hecho un gran esfuerzo para mantenerse, pese a que no existen recursos para gastos de funcionamiento. Hoy resaltamos la crisis en cuanto al recurso humano, ya que es con el personal con quienes contamos para tener abierta esta institución y salvaguardarla para generaciones presentes y futuras, pese a las difíciles condiciones ambientales que tenemos y a la absoluta falta de insumos y de activos”.

Con nota de prensa




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