El País: Una firma española pagó millones de euros a red de sobornos de exministros de Chávez
El exministro de Petróleo Rafael Ramírez, durante un discurso en la sede de PDVSA de Caracas en mayo de 2013 / Foto: AFP, Getty Images

A cambio de adjudicaciones públicas en Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), el fabricante sevillano de generadores Ingelec debió pagar 2,7 millones de euros (3,2 millones de dólares) a una red dedicada a cobrar sobornos a empresas según documentos a los que tuvo acceso el rotativo español El País.

Una jueza de Andorra, donde esta trama ocultó entre 2007 y 2012 un botín de 2 mil millones de euros (2 mil 400 millones de dólares), imputó el pasado mayo a Ingelec por un presunto delito de blanqueo de capitales. La compañía abonó los fondos bajo sospecha a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La firma sevillana transfirió entre 2009 y 2010 un total de 2,7 millones de euros que acabaron en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizada para pagar gastos del empresario Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014 y expresidente de Pdvsa.

Movimientos financieros irregulares

Salazar aparece como uno de los presuntos cabecillas de la trama y, desde 2018, entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por integrar esta red que ocultó su botín en el pequeño principado pirenaico blindado por el secreto bancario hasta 2017.

Los fondos de Ingelec se utilizaron para abonar, en 2009, gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París y para enviar 834 mil euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.

La cuenta que ingresó el dinero de la firma sevillana figura en la telaraña financiera de esta trama de sobornos integrada, entre otros, por los exviceministros chavistas de Energía Javier Alvarado y Nervis Villalobos.

Los investigadores andorranos sostienen que Ingelec abonó los fondos a través de la sociedad “de maletín” Pessons Mountains del empresario venezolano Roberto Javier Cobucci, quien justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía pública Electricidad de Caracas, lo cual no ha podido demostrarse, según indicaron los investigadores en un informe de marzo pasado.

Junto a Ingelec, la jueza andorrana Stéphanie García imputó el pasado mayo por blanqueo a Cobucci y a su sociedad Pessons Mountains.

Siempre asoma la figura de Salazar

El diario El País no ha podido recabar la versión de Ingelec, firma de 22 empleados que en 2014 –último ejercicio reflejado en el registro mercantil- declaró unas ventas de 4,2 millones de euros. Tampoco ha podido contactar con Cobucci.

No es la primera vez que los fondos de Salazar centran la mirada de los investigadores andorranos. El empresario intentó en 2012 enviar 40 millones de Suiza a Francia para la adquisición de una propiedad. Una juez bloqueó esta operación a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera intervenida en 2015 por blanquear presuntamente fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama de sobornos de América.

La justicia no evitó, en cambio, que Salazar recurriera a sus fondos en la BPA –donde manejó siete cuentas que movieron 21,2 millones de euros- para navegar por un tren de excesos.

Junto a su primo Luis Mariano Rodríguez y el exviceministro venezolano Villalobos, desembolsó 10 millones de euros en bienes de lujo entre 2007 y 2012. Una espiral de gastos que incluyó tres millones en joyas, dos en obras de arte, un millón en vinos y 516 mil 012 euros en el alquiler de helicópteros.

El entramado continúa salpicando a Rafael Ramírez

El entramado financiero de Salazar se extendió por Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas y contempló más de 100 compañías fantasma que, entre 2004 y 2016, sirvieron para ocultar la compra de propiedades en Venezuela, específicamente en Tucacas, estado Falcón.

La Fiscalía de Venezuela ha situado a Salazar, arrestado en 2017 en Venezuela, en el epicentro de una trama que se sirvió de su primo, el exministro Rafael Ramírez, conocido como el zar del petróleo, para hacer caja y cobrar suculentas comisiones a empresas a cambio de contratos de Pdvsa y sus filiales.

Con información de El País.




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