La firma de abogados estadounidense Foley & Lardner, que fue contratada por 12,5 millones de dólares por Reinaldo Muñoz, el inspector general del régimen de Nicolás Maduro con el fin de aliviar las sanciones de EEUU sobre Venezuela, decidió romper el convenio con su cliente tras haber sido acusada de llevar agua a un “dictador socialista” por haber aceptado el caso.

Según informó AP el pasado lunes, había pagado $2 millones para contratar al cabildero Robert Stryk y ayudar a su cliente, tanto para disminuir las penalizaciones impuestas contra la administración de Maduro como para entablar conversaciones directas con la administración Trump.

Al conocer sobre esta situación, el senador republicano de Florida Rick Scott denunció la medida, diciendo en una carta a la firma que instaría a sus colegas del Senado a seguir su ejemplo y boicotear la firma hasta que corte los lazos con el “dictador peligroso”, publicó Tal Cual.

“Espero que los últimos días sirvan como una lección para cualquier otra firma de cabildeo, consultores u organizaciones que si apoyan a Maduro y su banda de matones no me quedaré callado”, dijo Scott en un comunicado.

Un alto funcionario del gobierno venezolano dijo que la reversión no desanimaría al Ejecutivo presidido por Maduro a buscar un diálogo honesto con la administración Trump. El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

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