Amplían investigación contra el presidente Mauricio Macri. (Cortesía)

El fiscal argentino Juan Pedro Zoni amplió hoy la investigación contra el presidente Mauricio Macri en la causa en la que se trata de dilucidar el papel del mandatario, entre otros, en un acuerdo del Estado con una empresa vinculada a su familia, informaron a Efe fuentes jurídicas.

El procurador amplió el objeto de investigación ante la supuesta comisión de «más conductas» delictivas vinculadas al tramite del proceso judicial del concurso de acreedores en que entró en 2002 la sociedad Correo Argentino, que, comandada por el italiano Franco Macri, padre del presidente, fue la adjudicataria del servicio oficial de correo desde 1997 a 2003.

El pasado 20 de febrero, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a la petición del fiscal Zoni de iniciar una causa para determinar posibles «conductas delictivas» en el acuerdo al que en 2016 trató de llegar el Gobierno de Macri para cobrar la deuda que desde 2001 tiene con el Estado esa empresa.

En su dictamen, el fiscal solicitó hoy que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que a su vez había sido denunciado por la fiscal Gabriela Boquin.

Anteriormente, esta procuradora -cuya decisión fue la que impulsó investigar el acuerdo- había denunciado el supuesto intento de vaciamiento de las cuentas del concurso de acreedores y manifestó su oposición al pedido del Gobierno de suspender por 120 días una audiencia en el marco del concurso, añadió la agencia estatal de noticias Télam.

La decisión de Zoni de ampliar la investigación también alcanza al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, a la jueza a cargo del proceso concursal, Marta Cirulli, y a diversos directivos de la empresa, entre otros.

La controversia se originó en febrero pasado, cuando Boquin, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuestionó el acuerdo de cobro de deuda -aún no homologado por la Justicia- por «abusivo» ya que, en su opinión, implicaba prácticamente la condonación de la deuda a la empresa.

La deuda se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos, que en aquel momento equivalía a igual cantidad de dólares, pero que hoy, debido a la depreciación del peso y a que por ley no se puede indexar, equivale a unos 18,3 millones de dólares.

Poco después, Macri anunció su decisión de instruir al Ministerio de Comunicaciones de volver a «hoja cero» todo lo actuado en el concurso por el Estado tras la fuerte polémica sobre los términos económicos del acuerdo y el supuesto conflicto de intereses dado el vínculo entre el mandatario y los accionistas de la empresa.

El presidente aseguró que su Gobierno actuó conforme a la ley y defendió la actuación de Aguad y la cartera que dirige, pero resolvió recular en el acuerdo alcanzado para que la Justicia proponga otro, sin dudas sobre su transparencia.




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