(Foto AFP)
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Un fiscal argentino pidió este lunes embargar por más de 54 millones de pesos (3,12 millones de dólares) a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y extitular de la constructora IECSA, en uno de los casos en los que se investiga la adjudicación de obra a la brasileña Odebrecht.

En concreto, Franco Picardi hizo esta solicitud al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá decidir si la acepta o no, en el expediente en el que se investigan presuntas irregularidades en la asignación, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), de la obra pública de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, informó la agencia estatal de noticias, Télam.

Además, el fiscal también pidió embargar por 4 millones de pesos (231.034 dólares) al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009) y al exsecretario de Obras Públicas José López (2003-2015), ambos detenidos por otros casos, así como a directivos de otras empresas que accedieron a la obra.

Martínez de Giorgi dirige el caso por el supuesto pago de sobornos de empresarios a exfuncionarios públicos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren que conecta Buenos Aires con la zona oeste del cinturón urbano bonaerense.

Según Télam, las medidas solicitados por Picardi apuntan a las personas físicas y jurídicas que conforman un consorcio compuesto por Odebrecht, IECSA, COMSA y Ghella Societa Per Azioni.

El mayor embargo pesa sobre Calcaterra por ser el único empresario que se desvinculó de una de las firmas que intervino en el consorcio que participó de la obra, después de que el pasado marzo se llegara a un acuerdo de venta de IECSA con el empresario Marcelo Mindlin.

El proyecto del tren Sarmiento se puso bajo la mira de la Justicia argentina desde que en enero pasado el diario La Nación difundió información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar.

De acuerdo con esa información, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.

El pasado junio, el juez ordenó allanamientos en las oficinas de Odebrecht en Argentina, pero también el registro de las empresas IECSA y Ghella, socias en el proyecto.

Días antes, las oficinas de Odebrecht fueron allanadas por orden de otro juez que investiga si hubo sobreprecios e irregularidades en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008.

Los casos que implican en Argentina a Odebrecht son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento, en el que se investigan contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015, en la que ya comenzó la ronda de declaraciones indagatorias.

En medio de esta situación, el Gobierno de Macri anunció en julio su decisión de retirar por un año de la lista de oferentes de obra pública a la constructora brasileña, que supone que no podrá participar de licitación alguna para acometer obras nuevas durante ese periodo.




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