(Foto EFE)
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, deberá comparecer este martes ante el máximo tribunal de justicia, que decidirá si le abre un juicio que lleve a su destitución.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciará a las 10:00 a.m. la audiencia en la que determinará si Ortega incurrió en falta grave para su remoción.

Antes de que ella tome la palabra para defenderse, el diputado oficialista Pedro Carreño argumentará su solicitud de antejuicio para la fiscal, a quien acusa de mentir al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista.

Pero la audiencia podría sufrir alteraciones porque la fiscal recusó a 17 magistrados de la Sala Plena, en tanto que el TSJ tiene previsto emitir antes una declaración sobre temas de interés nacional.

Los alrededores del TSJ amanecieron este martes custodiados por la militar Guardia Nacional.

Apoyada por la oposición y por los chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de la ruptura del orden constitucional, que denunció tras fallos del TSJ que minaron al Poder Legislativo, bajo control opositor.

Desafiando al gobierno, la fiscal emprendió una batalla contra la Constituyente, por considerar que violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Carreño pidió también al TSJ evaluar la salud mental de Ortega y, a solicitud suya, el máximo tribunal le impuso prohibición de salida del país y congeló sus cuentas y bienes.

Como preámbulo a la audiencia, el TSJ consideró en desacato a Ortega al anular el lunes la citación que hizo contra dos generales de la Fuerza Armada, acusados de violar derechos humanos durante las protestas.

Vinculada también al oficialismo, la Contraloría inició una auditoría al señalar a la gestión de Ortega de posibles irregularidades administrativas.

Radicalización de la crisis

Analistas dan por descontado que habrá juicio contra la fiscal, pero su destitución sólo puede decidirla el Parlamento, lo que augura un nuevo episodio en la crisis.

De pie y con aplausos, los opositores la recibieron el lunes en el Parlamento, donde Ortega llamó a luchar por la restitución de la democracia y el Estado de Derecho.

Pero aunque el Legislativo se niegue a destituirla, sus decisiones son desconocidas por el TSJ, que lo considera en desacato desde que la oposición lo controla en enero de 2016.

“Estamos ante un intento de golpe de Estado en contra de la fiscal, al querer removerla del cargo fraudulentamente. Esto pondrá más en evidencia el uso político del TSJ y la fractura del bloque estatal de poder”, dijo a AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.

El politólogo chavista Nicmer Evans, férreo crítico de Maduro, consideró el antejuicio “absolutamente ilegal, ilegítimo, írrito y atentatorio de la división de poderes”.

Intentando contragolpear, la fiscalía pidió información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, condenados en ese país por narcotráfico.

“Se vislumbra la radicalización de la crisis y la desaparición de la precaria gobernabilidad. Nos aproximamos a un Estado fallido”, sentenció Hernández.




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