La sesión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se decidirá su antejuicio de mérito es una encerrona. Así lo calificó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. «Yo recusé a 17 magistrados cuya legalidad cuestioné. ¿Ustedes creen que sean imparciales en esta sesión?».
Ortega Díaz reiteró que esos magistrados, que en estos momentos están reunidos, no cumplen con los requisitos de la Constitución para ocupar cargos en el alto tribunal. «No puede haber objetividad en sus decisiones y este caso no será la excepción».
La funcionaria desestimó las pruebas consignadas y denuncias formuladas en su contra por el diputado Pedro Carreño ante el TSJ, cuyo presidente, Maikel Moreno, recibió la denuncia fuera de horario laboral, y no por secretaría como es lo habitual.
Reiteró que las sentencias 155 y 156 del TSJ constituyen una ruptura del orden constitucional, lo que no se ha corregido. «Las maquillaron pero no las corrigieron»
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