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El procurador del caso de denuncia presentada por el fiscal argentino Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández por encubrimiento de terroristas, solicitó este viernes que se investigue a más altos cargos kirchneristas, entre ellos exministros y exsecretarios.

Con un escrito enviado al juez de la causa, Ariel Lijo, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó reimpulsar las investigaciones a través de 30 diligencias que, además de a los implicados originales -que incluyen a la expresidenta y al excanciller Héctor Timerman, entre otros-, comprenden a figuras hasta ahora no salpicadas, como el exministro de Planificación Julio de Vido.

La presentación -difundida por el Ministerio Público Fiscal argentino- incluye pericias sobre el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia y candidato a vicepresidente en los comicios de 2015, Carlos Zannini, al exsecretario general de la Presidencia y exdirector de los servicios de Inteligencia Oscar Parrilli y a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona.

Las medidas de prueba que pide el fiscal van desde informes de entrecruzamientos de llamadas a peticiones de documentos de la Cancillería.

La causa estudia si, como denunció Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su casa en circunstancias aún por esclarecer, el Gobierno de Cristina Fernández tramó un plan destinado a dar impunidad a presuntos terroristas iraníes, a cambio de mejorar las relaciones comerciales con el país persa.

Nisman se desempeñaba como fiscal en la investigación sobre el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en Buenos Aires en 1994.

Para el fallecido fiscal, el memorándum de entendimiento acordado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, garantizar la imposibilidad de juzgar a varios de los sospechosos de planear el ataque.

El memorándum nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.

En una primera fase, meses después de la muerte de Nisman, la denuncia de encubrimiento había sido desestimada por los tribunales por “inexistencia de delito”.

No obstante, a finales del año pasado, la Justicia ordenó reabrirla y se asignó el caso al juez Lijo y al fiscal Pollicita que ahora, tras el receso del verano austral, dan un nuevo impulso a la causa.

El cadáver de Nisman fue hallado el 18 de enero de 2015 con un disparo en la sien y los tribunales argentinos aún no han determinado si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato relacionado con el puesto que ocupaba, como sostiene la familia.




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