La Fiscalía instauró este martes una acción judicial contra el ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, por supuestamente haber recibido en caja B «más de 21 millones de reales» (unos 6,3 millones de dólares) de Odebrecht entre 2008 y 2012, cuando era alcalde de Sao Paulo.
El Ministerio Público de Sao Paulo pidió a la Justicia que bloquee, de manera cautelar, «cerca de 85 millones de reales» (unos 25,8 millones de dólares), valor que «equivale a la cuantía que él (Kassab) recibió de la empresa y una multa tres veces mayor» de lo supuestamente cobrado, según señaló un comunicado del organismo.
La acción se basa en un acuerdo de las autoridades con la constructora Odebrecht mediante el cual la empresa confesó su participación en un cartel formado por una veintena de compañías, las cuales se organizaron entre 2008 y 2015 para manipular licitaciones de obras públicas en el estado de Sao Paulo.
Odebrecht aportó «evidencias de conductas anticompetitivas consistentes en acuerdos para la fijación de precios, condiciones comerciales y ventajas en licitaciones», afirmó en una nota el Consejo Administrativo de Defensa Económico (Cade), órgano vinculado al Ministerio de Hacienda, que abrió una investigación para depurar el caso.
Exejecutivos de Odebrecht de la constructora relataron que pasaron esa cantidad al hoy ministro del Gobierno del presidente Michel Temer para distintas campañas electorales cuando se desempeñaba como Alcalde de Sao Paulo, cargo que ocupó desde 2006 hasta 2012.
Ese acuerdo con Odebrecht, que colabora en diferentes investigaciones sobre las prácticas ilícitas que cometió en varios países tras haber admitido su participación en la red corrupta destapada en la petrolera estatal Petrobras, no fue homologado aún por la Justicia, pero la acción contra Kassab ya fue propuesta por la Fiscalía.
Además de contra Kassab, el Ministerio Público de Sao Paulo también instauró sendas acciones judiciales contra dos exsecretarios municipales y un exconcejal.
Kassab ya fue citado, junto a otros ministros del Ejecutivo, en los testimonios a la Justicia de 77 exdirectivos de Odebrecht en los que relataron, en otro acuerdo, las prácticas corruptas cometidas en el marco del caso Petrobras y a partir de los cuales la Corte Suprema instauró un total de 76 investigaciones contra casi 100 políticos aforados.
El ministro de Ciencia y Tecnología manifestó en un comunicado que «recibió con extrañeza» la apertura de la acción «a las vísperas del receso judicial» y aseguró que «aguarda con serenidad los argumentos utilizados por el Ministerio Público para demostrar la legalidad de todos los actos de su gestión, como ha pasado en otras ocasiones».
