Fiscalía General de la República (Foto archivo)

La Fiscalía de la administración de Nicolás Maduro aseguró este martes que continuará colaborando con la Corte Penal Internacional (CPI), que realiza un examen preliminar al Estado venezolano ante las denuncias de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos.

Las autoridades venezolanas “están demostrando su firme disposición de colaboración (…) y así se continuará haciendo”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

La reacción se produce luego de que el lunes la Fiscalía de la CPI publicara un informe en el que señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como presuntos perpetradores de crímenes en Venezuela.

En ese informe, la Fiscalía de la CPI detalla también que las autoridades venezolanas entregaron un informe sobre los procesos judiciales que se están realizando internamente en la “jurisdicción militar y ordinaria”.

En ese sentido, el Ministerio Público venezolano destacó que esto demuestra que las instituciones de su país “están dando los pasos necesarios y atendiendo todos los requerimientos necesarios de la Fiscalía” de la CPI “en tiempo y forma”.

Señaló también que las “instituciones judiciales y demás estructuras involucradas continuarán trabajando en el marco de la legalidad y defendiendo el interés principal de las víctimas y sus derechos, avanzando las investigaciones pertinentes con todas las garantías”.

La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

Por ello, el máximo tribunal solicitó a Venezuela información sobre “los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”, la carta fundacional de la corte internacional.

Ante esto, el Ministerio Público venezolano informó el pasado 9 de noviembre que presentaría ante el máximo tribunal un documento para probar que el Estado “castiga, sanciona y persigue” a quienes atentan contra los derechos humanos en su país.

Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de ultima instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre de 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.




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