El vicepresidente del país, Jorge Glas.(Cortesá)
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La Fiscalía de Ecuador informó hoy que investiga a más de una veintena de exfuncionarios y funcionarios, incluido el vicepresidente del país, Jorge Glas, por las presuntas irregularidades en el contrato de 2012 para la exploración y explotación de un campo petrolero en la Amazonía.

El Ministerio Público, con base en un informe especial de la Contraloría (juez de cuentas del Estado), señaló en un comunicado que inició la “indagación previa” por indicios de responsabilidad en el contrato de prestación de servicios del llamado Bloque Singue.

El informe de la Contraloría se refiere a dicho contrato suscrito entre el Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, y el Consorcio DGC integrado por las compañías Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cia. Ltda.

La Fiscalía agregó que ha iniciado la indagación previa “con base a los indicios de responsabilidad penal”, que incluye a “más de veinte exfuncionarios públicos y privados”, algunos de los cuales gozan del fuero de la Corte Nacional (Suprema) de Justicia.

La indagación también incluye al vicepresidente Glas, cuando era ministro coordinador de Sectores Estratégicos durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien dejó el poder el pasado 24 de mayo en manos de su correligionario Lenín Moreno.

Glas es el actual vicepresidente, pero mantiene una dura pugna con Moreno que parece haber resquebrajado al movimiento oficialista Alianza País (AP, izquierda).

El segundo mandatario, en declaraciones a periodistas, se refirió a este caso que indaga la Fiscalía y dijo que su supuesta vinculación se dio porque formó parte en una “etapa pre-contractual”, antes de que se firmara el convenio.

Glas señaló que seguramente “van a venir muchos de estos temas” de supuesta corrupción contra varios funcionarios del Gobierno anterior, incluido él.

Aseguró que ha pedido al exministro de Hidrocarburos (Petróleo) Wilson Pastor, también investigado en este caso, que regrese al país para presentar las pruebas de descargo, que ya había enviado a la Contraloría y que ahora debe hacerlo ante la Fiscalía. 




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