(Foto EFE)
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La Fiscalía de Ecuador solicitó este miércoles a un tribunal de Garantías Penales del país que bloquee los pagos pendientes a la constructora brasileña Odebrecht, mientras duren las indagaciones sobre la trama de sobornos a funcionarios.

En un “acto urgente”, la Fiscalía ecuatoriana solicitó que se ordene a la Refinería del Pacífico y a la Empresa Pública del Agua, que mantienen contratos con la constructora brasileña, que “se abstengan de realizar cualquier tipo de pago”.

“Las cuentas por pagar que tienen pendientes estas dos empresas con Odebrecht suman más de 40 millones de dólares”, precisó el Ministerio Público en un comunicado, en el que indicó que el pedido fue efectuado esta tarde por el fiscal del caso, Wilson Toainga.

El objetivo de dicha petición es el de “garantizar una posible indemnización de la constructora brasileña”, si se considera que habría entregado sobornos en Ecuador por 33,5 millones de dólares, según la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Este es el segundo acto urgente solicitado por Fiscalía dentro de este caso”, ya que el pasado 30 de diciembre un juez aceptó una petición para que se prohíba la suscripción de nuevos contratos con la compañía brasileña, mientras duren las investigaciones.

La Fiscalía de Ecuador inició de oficio la investigación sobre el caso Odebrecht el 22 de diciembre de 2016, un día después de que Estados Unidos difundiera la información de los presuntos sobornos.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía ecuatoriana lideró acciones de allanamiento a las oficinas de Odebrecht, en las que incautó documentos y equipos informáticos y tomó declaraciones a empleados de la empresa brasileña en Ecuador.

El organismo destacó, asimismo, el establecimiento de equipos de colaboración con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela, en torno al caso Odebrecht.

Recordó que también se estableció un acuerdo de investigación conjunta con Estados Unidos, por este mismo caso, por el que también ha solicitado asistencias penales a Brasil, Suiza y España.




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