El reconocimiento constitucional y acreditar el uso de armas de fuego a colectivos por parte del Estado es legalizar la violencia contra el descontento generalizado de la población que protesta porque no tiene agua, energía eléctrica, servicios básicos que por derecho el Estado está obligado a garantizar a la población.
El ex parlamentario, abogado penalista defensor DDHH y coordinador de la ONG Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez recordó que hace un año el ministro de la defensa cuestionó la presencia de estos grupos armados que anteriormente actuaban ilegalmente y que ahora se legalizan. «Hoy mantiene su silencio convalidando el delito de estos grupos civiles llamados colectivos y que se han convertido en una amenaza para los sectores populares, que son los que más sufren esta tragedia que luce indetenible porque las respuestas que dan los responsables están impregnadas de mentiras».
Narváez aseguró que estamos en presencia de una violación a la Carta Magna, que no permite la actuación de grupos civiles armados o la figura del paramilitarismo, y de la ley para el control de armas y municiones que sigue vigente. Tanto las Fuerzas Armadas como el Ministro de Interior y Justicia están obligados a condenar esta decisión de otorgar porte de armas, y a ejecutar el desarme de forma inmediata por estar al margen de la ley. “Nuevamente observamos con tristeza, hasta dónde llega el compromiso político de una institución que es garante de la legalidad como el Ministerio Público que no se pronuncia por la ilegalidad, no ordena el desarme y tampoco inicia la investigación penal de forma inmediata como corresponde”.
Para Narváez, a falta de soluciones a los problemas graves que padece nuestro país, lo que ofrece el gobierno es la operación mordaza a la libertad de expresión y colocar un «gueto» de colectivos armados en cada cuadra para imponer la paz, desatando su furia en contra de los ciudadanos que han asumido la protesta pacífica como lo establece el artículo 68 de la CRBV, para reclamar sus derechos constitucionales. «Estos a su vez se ha hecho uso de la legítima defensa porque están cansados, y eso es sumamente grave por los enfrentamientos que se han producido en todo el territorio nacional, como el caso de Yaracuy».
Nota de prensa
