El Ministerio Público de Nicaragua acusó al sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, el quinto presbítero en resultar querellado este mes, sin precisar el delito que se le imputa, informaron este lunes fuentes judiciales.
La sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua quedaron identificados como las «víctimas/ofendidos» por el sacerdote, de 49 años, quien se encuentra detenido desde el 14 de agosto pasado y de quien hasta ahora no se ha explicado los motivos de su arresto.
La acusación la presentó el fiscal del caso Manuel de Jesús Rugama Peña ante la titular del juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, Gloria María Saavedra Corrales, de acuerdo con la causa divulgada por el Poder Judicial.
El presbítero Benavidez Dávila, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, resultó detenido el domingo 14 de agosto pasado, denunció entonces la Diócesis de Siuna, a la que pertenece y que dijo desconocer las causas o motivos del arresto del sacerdote.
La acusación fiscal, al igual que en el caso de otros cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa (norte) querellados la semana pasada, no precisa los delitos por los cuales se acusa al cura.
Benavidez constituye el séptimo sacerdote acusado en lo que va del año en Nicaragua, y el octavo que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando José Álvarez Lagos, sustraído por agentes policiales la madrugada del viernes 19 de agosto, junto a otros cuatro sacerdotes ya acusados, del palacio episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.
A Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra desde esa fecha bajo «resguardo domiciliar» en Managua, según la Policía Nacional, no se le ha acusado.
Ortega acusa a jerarcas de «golpistas»
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, acusa al jerarca y a sus colaboradores de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Álvarez es el primer obispo arrestado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El arresto del obispo Álvarez y otros siete sacerdotes es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ingresó por la fuerza y allanó una parroquia, impidiendo a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiando a otros sacerdotes en sus iglesias, prohibido procesiones con imágenes de los santos, entre otros.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional. EFE
