La Contraloría de Panamá entregó hoy al Ministerio Público (MP) un voluminoso informe de auditorías realizadas sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos millonarios por parte de diputados del Parlamento panameño, a través de juntas comunales y municipios del país.
El Contralor, Federico Humbert, entregó las 223 cajas numeradas con los documentos de las auditorías a la Procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell.
Humbert dijo que se auditaron a 186 juntas comunales y municipios «a lo largo y ancho de todo el país», y que las más de 200 personas que participaron en esta tarea, entre ellos 161 auditores de la Contraloria asumieron riesgos para que «se conociera la realidad de lo que ocurrió con los fondos que son de todos los panameños».
Los auditores examinaron mas de 1 millón 400 mil documentos y verificaron 294.626 transacciones contables por más de 319 millones de dólares entre 2013 y 2014.
Humbert presumió que «nunca en la historia del país, ni en el sector público ni en el privado ha habido una auditoría tan extensa ni con tanta profundidad», y afirmó sentirse «muy cómodo» de entregarlas a un MP «firme, correcto y comprometido con la justicia».
Los resultados de la auditoría también serán remitidos al Tribunal de Cuentas y a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para deslindar responsabilidades penales, patrimoniales o fiscales.
El Contralor manifestó que tras la auditoría, la cual determinó que un total de 247 millones de dólares fueron gestionados por los diputados de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), «quedan amplias dudas de que los dineros hayan llegado a las labores solicitadas».
Detalló que 34 diputados del partido Cambio Democrático (CD) manejaron un monto de 158 millones de dólares; 7 del Molirena dispusieron de 36 millones; 28 diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) manejaron 34 millones; 10 diputados del Partido Panameñista (PPa) más de 17 millones; y uno del Partido Popular (PP) manejó 492.000 dólares.
Las cifras auditadas, destacó, reflejan el «supuesto uso» que se dio a las partidas asignadas a los diputados para apoyo a la comunidad (por 178,2 millones de dólares), en bolsas de comida (76 millones), materiales de construcción (7 millones), ayuda económica (19 millones), e instrumentos musicales y deportivos (12 millones de dólares).
El Contralor aclaró que no todas las auditorías realizadas reflejan irregularidades en el manejo de estos fondos.
En la provincia de Panamá Oeste se auditaron 32 juntas comunales y municipios; 29 en la de Panamá; 26 en la de Chiriquí; 24 en la de Veraguas; 23 en Coclé; 17 en Colón; 13 en la de Los Santos; 6 en Bocas del Toro, 3 en la comarca Ngäbe Buglé; 2 en la provincia de Darién; y una en la comarca Emberá.
Estas auditorías, que tendrán carácter reservado, permitieron determinar el modo en que se estructuró la operación de traslado y uso de los fondos asignados a los diputados, por parte del MEF.
Los fondos eran asignados a los diputados y consignados en la junta comunal o municipio de su elección, para luego disponer de ellos bajo instrucciones directas de cada parlamentario que había gestionado el traslado de estos fondos.
Explicó que el MEF «indicaba a cada diputado con un código alfa numérico secreto», código que la Contraloría con la cartera de Economía «logramos descifrar e incluir en todas las auditorías presentadas hoy», ya que, dijo, «nadie puede esconder la forma de gestionar cuando se trata de fondos del Estado».
Las juntas comunales y municipios retenían un porcentaje de manejo de aproximadamente 10 por ciento del dinero consignado, y el otro 90 por ciento era utilizado por instrucciones del diputado en las actividades, compras y ayudas que éste disponía. EFE
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