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El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, archivó la denuncia realizada por la oposición contra la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA), acusada de beneficiar a Venezuela en determinados negocios estatales, informaron hoy fuentes oficiales.

La denuncia surgió en julio de 2015 cuando varios diputados opositores acusaron al Gobierno de facilitar negocios de empresas privadas uruguayas con el Estado venezolano.

En particular se apuntó a una empresa, Aire Fresco S.A., que intermedió en negocios alimenticios con Venezuela entre 2011 y 2015.

Sin embargo, Pacheco entendió que Aire Fresco “no era seleccionada por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas”, según surge de la sentencia publicada hoy por la Fiscalía.

En este sentido, el fiscal aseguró que no corresponde aplicar las “normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo”.

Además, el escrito resalta que los empresarios “decidieron libremente realizar los negocios concretados” con Aire Fresco para la “colocación de sus productos en el mercado venezolano”.

“La operativa habitual consistía en que los productores nacionales vendían a A.F.S.A. (Aire Fresco) a un precio y dicha empresa negociaba el producto con el comprador venezolano por otro importe, obteniendo la ganancia entre una y otra cifra”, detalla el documento.

En julio de 2015, el diputado del Partido Nacional (PN) Jaime Trobo denunció en el Parlamento la participación de personas vinculadas al oficialismo en negocios con el Gobierno venezolano.

Trobo dijo en ese entonces que no había encontrado “ningún llamado a licitación ni convocatoria pública” para la adjudicación de Aire Fresco como intermediaria, por lo que consideró que no se dio la posibilidad de que otras compañías “pudieran presentarse al mismo puesto”.

La empresa Aire Fresco está conformada por dirigentes vinculados al Movimiento de Participación Popular (MPP) y funcionó como intermediaria en los negocios que se desarrollaron entre el gobierno y Venezuela durante el mandato de José Mujica (2010-2015).




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