Los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú rechazaron el proceso iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela que podría acabar con la remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.
En un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana se indica que los titulares de este despacho en los seis países antes mencionados rechazan la pretensión de remover a Ortega Díaz fuera de los canales legales y constitucionales.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano citó para el próximo martes a la fiscal para iniciar un proceso de enjuiciamiento en respuesta a una solicitud hecha por el diputado chavista Pedro Carreño.
El legislador solicitó el pasado 16 de junio el antejuicio de mérito contra la fiscal y aseguró que ella ha incurrido en las faltas de atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa.
Ante ello los Ministerios Públicos que emitieron el comunicado consideran «imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones, la cual se ve puesta en riesgo como consecuencia de la interferencia de otros poderes públicos».
Denuncian que el organismo ha sufrido «presiones de variadas naturaleza y actos intimidatorios que finalmente dificultan o impiden la investigación y persecución penal de hechos constitutivos de delito ocurridos en dicho país».
Los firmantes rechazan además cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que pueda poner en riesgo la integridad personal de la Fiscal General y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público.
Las diferencias entre el Gobierno y el Poder Judicial con la fiscal surgieron después de que ella calificara como una ruptura del orden constitucional la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento a finales de marzo.
En los últimos meses Ortega Díaz, además, ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron hace tres meses en la nación caribeña.
