La presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) y docente venezolana, Gricelda Sánchez, denunció este lunes que el retorno a las clases presenciales en el país es una medida «criminal» adoptada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
«Queremos decirle a (la ministra de Educación), Yelitze Santaella, y a (el presidente) Nicolás Maduro que tienen que recular su medida criminal. Entendemos perfectamente que se quieren abrir las escuelas porque viene un proceso electoral y quieren darle una normalidad al país que no existe», dijo Sánchez en una declaración a medios.
Las clases presenciales fueron suspendidas en marzo de 2020 debido a la pandemia y retornaron hoy, según las instrucciones del Ejecutivo.
Los profesores han protestado a lo largo de estos 19 meses de cierre de clases por los bajos salarios y las malas condiciones que, según denuncian, tienen los centros escolares.
Según los datos de los que dispone el Sindicato Venezolano de Maestros, cerca de «200.000 educadores abandonaron la profesión, bien sea porque renunciaron o porque simplemente ya no fueron más», según explicó a Efe en agosto pasado Sánchez, también integrante de esa organización.
La pandemia en su pico más alto
La sindicalista denunció este lunes que la pandemia se encuentra «en su pico más alto y los docentes no tiene 500 dólares en su bolsillo para poder (pagar un tratamiento y) recuperarse de este terrible virus».
«Queremos denunciar esta política criminal que se pretenden implementar en Venezuela, con la cual los docentes no estamos de acuerdo. Los docentes no tenemos hoy una seguridad social que nos permita vivir, hoy luchamos por el derecho a la vida», dijo acerca del regreso a clases.
Alertó que Maduro «destruyó» las escuelas porque «no invirtió más en educación», por lo que «se caen los techos» de las escuelas, se «cierran salones de biología, química y todas estas áreas tan importantes».
Ejemplificó la situación con el caso de la caraqueña Escuela Experimental de Venezuela que, según dijo, «no tiene siquiera servicios de agua» y en la que su director, siempre según Sánchez, es «un perseguidor y acosador de la clase trabajadora del país».
«Tenemos denuncia de más de siete docentes que en medio de la pandemia, las dejó sin cobrar su salario», subrayó.
Por eso, exigió a la Defensoría del Pueblo «que se pronuncie» sobre la medida tomada por Maduro de volver a «clases presenciales sin tener las condiciones para nosotros volver a las aulas».
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