Por Francesca Díaz
El pasado 29 de septiembre se dio por terminado el proceso de conversaciones en el marco de la segunda etapa del Foro de Diálogo Social, asistido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Venezuela. El hermetismo y la poca información ofrecida por la administración de Maduro dejó numerosas dudas sobre la existencia de avances, ya que, según dirigentes sindicales de diferentes estados de Venezuela, la primera etapa no habría ofrecido respuesta a la crisis laboral del país.
El “diálogo” desde su inicio fue blanco de críticas e inconformidad por parte de la masa trabajadora, ya que se excluyó de la mesa de diálogo a tres centrales: la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (Codesa), la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete).
Solo cuatro centrales participaron en el proceso, entre ellas, la Central Alianza Sindical Independiente (ASI), presidida por Marcela León, quien adujo que la conversación giró en torno a las violaciones de las normativas 26, 87 y 144 de la OIT referentes al pago de salarios dignos, la libertad sindical y el diálogo tripartito, las cuales se estarían vulnerando en el país desde 2015, según la comisión de encuesta desarrollada por la organización en el 2018.
La creación de una mesa técnica salarial para “estudiar” la posibilidad de aumentar el precarizado sueldo mínimo, la pronta organización de comicios sindicales sin tramitar la libertad de dirigentes detenidos, y el impulso del diálogo nacional, fueron temas no resueltos por la instancia y que forman parte de la crisis laboral vigente en el país.
La presidenta de ASI, Marcela León, explicó en entrevista con Correo del Caroní que llegaron a acuerdos en casi todos los puntos de interés respecto a las violaciones de derechos laborales, sin embargo, no hubo ninguna resolución que permita dirimir la situación jurídica de los más de 80 líderes sindicales que permanecen sometidos a procesos penales, según el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical.
Esta etapa no dejó ningún acuerdo en pro de la liberación de los dirigentes sindicales detenidos o con procesos judiciales abiertos. En el informe que la OIT redactó sobre la situación de Venezuela en 2018 se recomendaba el cese de la persecución sindical y la liberación de los detenidos
León puntualizó que esta segunda etapa contó con mejor organización que su primera parte en abril. Además alegó que se ha mejorado el acceso a las memorias y cuentas, información oficial y minutas con los temas a tratar.
En el marco de las actividades se ofreció un taller a las centrales de trabajadores para mejorar sus conocimientos sobre la fijación de salarios mínimos en países con crisis inflacionarias.
“Nos dieron un taller para trabajadores los días 23 y 24 de septiembre a las siete centrales. El objetivo era fortalecer las capacidades de comprensión sobre cuáles son las formas para fijar el salario mínimo, cómo se hace la consulta, en qué consiste una consulta efectiva y cómo podemos participar. Nos formaron en todo lo que tiene que ver con los convenios de la OIT”, explicó la presidente de la Central ASI, quien agregó que este proceso responde a la necesidad de darle herramientas al trabajador para comprender la situación económica venezolana.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse, criticó la exclusión de su central del proceso de diálogo y además alegó que protestaron por el derecho de participación de todos los grupos de trabajadores.
“Ellos querían que allí estuvieran solo sectores que validen lo que el Gobierno y Fedecámaras querían. Solo participaron las centrales que están de acuerdo con decisiones como fraccionar el bono de fin de año de los trabajadores del sector público. Esta no inclusión fue por orden arbitraria del Ministerio del Trabajo. Violentaron principios establecidos en el convenio 144 sobre la participación y el artículo 95 de la Constitución. Excluyeron a un sector de trabajadores que no pudimos exponer nuestras propuestas. No hubo un diálogo inclusivo ni plural”, rechazó Eusse, quien sentenció que de allí “no salió nada favorable para los trabajadores”.
Mesa técnica salarial tripartita
Debido a la crisis inflacionaria que azota al país, el tema salarial es el de mayor premura para los trabajadores. Tras la comisión de encuesta desarrollada en el 2018 por la OIT en Venezuela, la organización determinó que en el país no se cumple con el convenio 26, por tanto, se mantiene pagando salarios de hambre a sus trabajadores.
Pese a las vertiginosas subidas de sueldo mínimo que el Estado acostumbra a decretar, la inflación devora estos aumentos de forma casi inmediata, en consecuencia, pese a que en marzo el salario venezolano era de casi 30 dólares, actualmente apenas llega a los 16 dólares, mientras que, la canasta básica alimentaria, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, roza los 400 dólares.
Con miras a combatir la precarización laboral se creó una mesa técnica salarial tripartita que debe entrar en funcionamiento durante el mes de octubre para establecer estrategias que permitan sugerir al Estado cómo fijar salarios que beneficien al Estado, a los empleadores y a la clase obrera.
“Se instaló una mesa técnica salarial en la que los tres actores podamos ponernos de acuerdo sobre cuáles indicadores vamos a valorar a la hora de que el presidente dictamine un aumento de salario. Nuestra Constitución dice que nosotros solo podemos sugerir al Ejecutivo nacional. Esta mesa técnica va a debatir la metodología y mejor forma de acuerdo a nuestra realidad para fijar el salario. De allí podremos construir una sugerencia salarial para este momento de crisis e ir mejorando progresivamente el salario”, acotó León.
Los participantes encontraron que la falta de cifras oficiales sobre la productividad nacional, masa trabajadora activa, empresas operativas y demás datos económicos, hacen aún más complicado visualizar un panorama claro que permita llegar a acuerdos sólidos.
La mejora salarial oportuna es uno de los puntos neurálgicos para los trabajadores, quienes alegan que no pueden esperar a que todas las facciones se pongan de acuerdo mientras padecen hambre. En la primera etapa de la negociación se esperaba que el Ejecutivo anunciara un aumento que nunca llegó debido a una posible regresión económica ante un inminente incremento del gasto público.
Ellos querían que allí estuvieran solo sectores que validen lo que el Gobierno y Fedecámaras querían. Solo participaron las centrales que están de acuerdo con decisiones como fraccionar el bono de fin de año de los trabajadores del sector público”, Pedro Eusse
El análisis de la situación país parece ser la opción más recatada para los actores, sin embargo, las neveras de los obreros venezolanos siguen sin abastecerse en el marco de una crisis que pulveriza el ingreso familiar y, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, ha dejado al 94.5% de los venezolanos en condiciones de pobreza.
“Hay una crisis económica muy grave y debemos pensar fórmulas para salir de la coyuntura. Esa mesa nos va a permitir discutir los contratos colectivos y mejorar todas las tablas salariales, pero es un proceso que va a iniciar en el mes de octubre y debemos debatir el tema salarial abiertamente”, enfatizó Marcela León, presidenta de ASI.
Con respecto a la solicitud de igualar el salario a la canasta básica, León adujo que “debemos reconocer que realmente hay una crisis, no es culpa de los trabajadores. Sin embargo, como centrales no somos responsables y no hablamos de cifras porque no hay cifras oficiales de productividad, ni tenemos acceso al presupuesto nacional para saber con qué contamos. No es responsable decir que vamos a discutir convenciones colectivas porque hay una crisis inflacionaria muy alta”.
Además de la poca capacidad adquisitiva del salario mínimo nacional, las tablas salariales de la administración pública son otra de las polémicas que fueron ignoradas en el diálogo, ya que el Estado sigue sin reconocer la modificación que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) hizo a las tablas salariales de la administración pública, lo que rebajó los estipendios públicos hasta en 50% debido a la reducción de las primas de profesionalización, titularidad y antigüedad.
Por otra parte, la masa trabajadora guayanesa ha enfatizado en que es necesario recuperar las contrataciones colectivas y su vigencia, ya que desde la promulgación del memorándum 2792 en 2018, el Estado erradicó los beneficios contractuales.
Pedro Eusse, secretario general de CUTV, alegó que la exclusión de grupos de trabajadores fue una estrategia para evitar hablar sobre la problemática de los contratos colectivos y otras aristas que afectan al trabajador.
Además añadió que las centrales que se sentaron a dialogar fueron las que coinciden con la perspectiva oficial y explicó que se dejaron por fuera temáticas de actualidad sumamente importantes que forman parte del mecanismo para vulnerar el derecho de los trabajadores.
“No se habló ni se tomaron decisiones sobre temas cruciales como el memorándum 2792 que reduce y desaplica cláusulas de los contratos colectivos desde 2018; el instructivo Onapre que desde marzo ha significado una reducción en el salario que reciben los trabajadores de la administración pública. Además está la situación de los dirigentes sindicales privados de libertad de forma injusta: esos temas no se tocaron allí. Por último tampoco se discutió la igualación de salarios y pensiones al valor de la canasta básica, que es un clamor de los trabajadores contemplado en la Constitución”, adujo.
El representante de CUTV aseguró que el Gobierno quiere estipular un salario congelado y que una parte de los ingresos no sean salario para que no figuren en el cálculo de prestaciones sociales. Asimismo enfatizó en que el Estado desea seguir implementando el instructivo Onapre.
Sin soluciones para los dirigentes sindicales judicializados
Esta etapa no dejó ningún acuerdo en pro de la liberación de los dirigentes sindicales detenidos o con procesos judiciales abiertos. En el informe que la OIT redactó sobre la situación de Venezuela en 2018 se recomendaba el cese de la persecución sindical y la liberación de los detenidos.
No obstante, durante los meses de junio y julio la persecución ha seguido vigente. Las empresas de Guayana han adoptado una política de terrorismo laboral contra los obreros que lideran huelgas, paralizaciones o cualquier tipo de disidencia dentro de las plantas. Durante el mes de junio, la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro emitió siete medidas cautelares de despido contra trabajadores de la planta debido a su participación en un paro laboral.
“Hay dirigentes sindicales presos, hay trabajadores presos de forma irregular violando el debido proceso. Ese tema había que discutirlo. Cuando van a registrar un sindicato se niegan a registrar a quienes no son de la Central Bolivariana: eso es una aberración que viola el convenio 87 de la OIT”, expresó el secretario general de CUTV.
Pedro Eusse, secretario general de CUTV, alegó que la exclusión de grupos de trabajadores fue una estrategia para evitar hablar sobre la problemática de los contratos colectivos y otras aristas que afectan al trabajador
En este sentido, la presidenta de la Central ASI manifestó que solo se acordó promover el acercamiento entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con el fin de restablecer los procesos electorales y renovar las dirigencias de los sindicatos.
“Se nos permitirá hacer las elecciones de manera autónoma de acuerdo a nuestros estatutos por el Ministerio de Trabajo. De manera facultativa nosotros podemos o no, acudir al CNE. Pedimos al CNE que se reúna con el Ministerio del Trabajo y vean la forma de flexibilizar las condiciones, ya que económicamente es casi imposible para las organizaciones hacer elecciones sindicales por los costos de movilización. Se van a dar estas reuniones para quienes quieran hacer elecciones con el CNE, quien no, las hace de manera autónoma. Es la organización sindical quien decide si quiere o no el acompañamiento del CNE”, explicó León.
La mayoría de los sindicatos en el país permanecen en mora electoral, debido a que desde 2018 el Estado suspendió estos procesos electorales durante un año de constante represión y persecución laboral. El levantamiento en la suspensión de plazos para estos comicios tuvo lugar durante el mes junio.
Pese a contar con la posibilidad de reelegir a sus representantes, los trabajadores alegaron que al menos el 70% de ellos permanecen como no requeridos dentro de las empresas básicas, lo que se traduciría en un resultado amañado por la falta de participación.
Diálogo tripartito
Participantes del diálogo informaron que se diseñarán mesas bipartitas y tripartitas aliadas al Ministerio del Poder Popular, para el Proceso Social del Trabajo con el fin de discutir la problemática laboral que aqueja a los trabajadores del país.
“Se acordó crear mesas tripartitas donde cada organización le presente al Ministerio del Trabajo los temas que tienen pendientes. Además se discutieron nuevos procedimientos en el sector privado y público. Se van a impulsar las mesas bipartitas también para llevar los resultados a la próxima sesión en febrero de 2023”, finalizó León tras explicar lo que considera los avances del diálogo.
Información de Correo del Caroní
 en Venezuela. El hermetismo y la poca información ofrecida por la administración de Maduro dejó numerosas dudas sobre la existencia de avances, ya que, según dirigentes sindicales de diferentes estados de Venezuela, la primera etapa no habría ofrecido respuesta a la crisis laboral del país.){kind=link}