La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país, aseguró hoy que 16 de los 39 excarcelados, en el marco del plan de reconciliación anunciado por el presidente Nicolás Maduro, no eran opositores como se informó en un primer momento.
«Tenemos 16 que no son presos políticos», dijo el director ejecutivo de la organización a través de un vídeo difundido en Twitter horas después de que el Supremo anunciase la liberación de 39 ciudadanos bajo medidas restrictivas.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, detalló a través de Twitter que 16 de los beneficiarios del plan de reconciliación eran procesados por su presunta participación en los hechos ocurridos el 2 de abril de 2018, en los cuales resultó herido el diputado Teodoro Campos.
A este grupo les fue otorgada una medida cautelar de presentación cada 30 días ante tribunales y prohibición de salida del país.
La decisión fue criticada por el excandidato presidencial Henri Falcón que acuso a la Alta Corte de promover la impunidad al poner en libertad «a los violentos que por poco acaban con la vida de» de Campos, un dirigente de su partido, durante un acto proselitista en Caracas.
El legislador fue herido en la cabeza poco antes de finalizar un recorrido del entonces candidato presidencial al recibir un golpe presumiblemente propinado por una manopla de acero y se mantuvo con un diagnóstico delicado en situación de hospitalización y observación permanente.
En una rueda de prensa ofrecida poco después del incidente, Falcón aseguró que el ataque fue cometido por un grupo de 30 personas que portaban armas blancas.
Entretanto, Romero explicó hoy que el total de «presos políticos» que maneja el Foro Penal es de 357 y espera confirmar cada excarcelación anunciada hoy por el Ejecutivo para actualizar sus registros.
De ese total, detalló el jurista, 50 son mujeres y 307 hombres, 12 son menores de edad, solo 23 están formalmente condenados, 58 están bajo arresto domiciliario (como Leopoldo López), y 12 tienen boletas de excarcelación desde hace meses que no han sido acatadas por las autoridades penitenciarias.
