En una rueda de prensa, directivos del Foro Penal. (Foto Archivo)

El Foro Penal, organización no gubernamental que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, denunció este martes que han aumentado las detenciones arbitrarias en el país desde que se estableció el estado de alarma por el COVID-19 el pasado 13 de marzo.

Ha habido un “aumento de detenciones” durante este período, dice un reporte de la organización, que cifra en 39 los arrestos “arbitrarios”, si bien al menos la mitad de esas personas ya fueron excarceladas.

La ONG alerta sobre la “retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región”.

Durante el tiempo que duran estos arrestos, explica el reporte, las autoridades imparten a los detenidos una “charla informativa” sobre la pandemia o les “implementan castigos tales como obligarles a hacer ejercicios y repetir frases mientras practican estos ejercicios” hasta que finalmente son liberados.

“En otros casos, se observó que estas personas son fotografiadas o grabadas y su identidad es revelada en redes sociales, prosigue el Foro Penal.

El director de la organización, Alfredo Romero, explicó a Efe que hasta ahora ninguna persona que ha sido detenida por no usar mascarillas ha pasado más de 24 horas bajo arresto.

Sin embargo, considera que todas estas aprehensiones, que pudieran enmarcarse en el estado de alarma, siguen siendo arbitrarias al no estar respaldadas por un proceso legal que incluya presentación en tribunales.

Detenidos por publicar mensajes en redes sociales

La ONG señala que durante los últimos 30 días, han detenido a personas que han enviado mensajes en redes sociales en contra de funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro “o denunciando la crisis sanitaria profundizada como consecuencia de la pandemia del COVID-19”.

El Foro Penal asegura que en Venezuela hay 335 personas privadas de libertad por razones políticas, 214 civiles y 121 militares, un balance que es certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Fiscalía venezolana detuvo a finales de marzo a 17 personas en el este de Caracas por participar en una fiesta en una vivienda donde se registraron dos casos de contagio del COVID-19, una enfermedad que hasta ahora deja 189 infectados y 9 fallecidos en el país.




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