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El decreto de Nicolás Maduro para trasladar a los presos políticos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a cárceles con presos comunes es totalmente contrario al actual Código Orgánico Penitenciario, afirmó el presidente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) Alfredo Romero.

Haciendo esa transferencia, la administración de Nicolás Maduro, no limpia todo lo que ocurrió. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había denunciado torturas y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en las sedes del Sebin en El Helicoide y la sede de la Dgcim, añadió.

Para el abogado el decreto revela una maniobra de la administración de Maduro para presentar algún avance a la Corte Penal Internacional. Con el decreto no se pueden comprobar las condiciones en las que estaban los presos políticos en el Dgcim y el Sebin.

Ahora pueden convertir las salas de torturas en oficinas y dar permiso a los organismos para que visiten las sedes, detalló Romero.

Del total de presos políticos, de 306, ya muchos están en cárceles con presos comunes. En la Dgcim hay 35 detenidos, 2 en el Sebin de Plaza Venezuela y 9 en el Sebin de El Helicoide.

Con información de 800 Noticias




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