Venezuela ha registrado 757 desapariciones forzadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de este año, fecha para la que, al menos, 14 personas seguían en paradero desconocido, según un informe de la organización no gubernamental local Foro Penal que fue presentado este viernes.
El informe, publicado por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, que procesó la información recabada por la organización venezolana, examina estos casos que constituyen, a juicio de los realizadores, una práctica sistemática y de represión política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
La desaparición forzada, explican, es un crimen de lesa humanidad que se produce cuando una persona es detenida y por más de 48 horas las autoridades no brindan ninguna información al respecto, una «práctica que reviste especial gravedad porque coloca a la víctima en un estado de absoluta indefensión».
«REPRESIÓN POLÍTICA»
El Ejecutivo venezolano, señala el escrito, emplea la «represión política» con cinco propósitos entre los que están la intención de excluir a personas del mundo político que son contrarios al chavismo e intimidar a quienes son parte de un grupo social que el Gobierno considera necesario «neutralizar».
Los otros tres motivos de la represión política que contempla el informe son la propaganda o el intento de trasladar hacia terceras personas la responsabilidad por «propios fracasos» del Gobierno, la «extracción» de información a detenidos y el ataque personal que se traduce como «expresiones de abuso de poder por «quienes ejercen funciones públicas».
CIVILES Y MILITARES
«Las tendencias en los datos sugieren fuertemente que en 2019 el régimen bolivariano uso la desaparición forzada particularmente en contra de militares», subraya el informe según el cual los uniformados pasaron, en promedio, entre dos y cuatro días más que los civiles desaparecidos.
Del total de 724 desapariciones forzadas que se registraron entre 2018 y 2019 (200 y 524, respectivamente) 161 -civiles y militares- fueron torturados.
«Se han registrado numerosos casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes», precisa el texto.
En 2019, un miembro de las fuerzas armadas desaparecido forzadamente «tenía una probabilidad de casi el 95 % de ser torturado también».
CUERPOS INVOLUCRADOS
La llamada revolución bolivariana, dice el informe, usa la gran diversidad de cuerpos policiales y militares que ha creado para acometer las detenciones arbitrarias que se convierten luego en desapariciones forzadas.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lideró el ránking de señalamientos en 2018, mientras que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) lo hizo en 2019.
Otros cuerpos que suman decenas de casos de desapariciones forzadas son el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), siendo este un equipo que Naciones Unidas pidió disolver por su responsabilidad en «ejecuciones extrajudiciales».
Según datos del Foro Penal, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019 se produjeron 15.160 detenciones con fines políticos en Venezuela.
