Constituyente
(Foto Archivo)

La mayoría opositora que controla actualmente la Asamblea Nacional dio este sábado un espaldarazo al primer vicepresidente de ese poder, Freddy Guevara, ante lo que califican de persecución política en su contra por parte del gobierno de Nicolás Maduro apoyado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La fracción parlamentaria del partido opositor Primero Justicia (PJ) -en el que milita el presidente de la Cámara, Julio Borges, y el líder opositor Henrique Capriles- se solidarizó con Guevara ante la orden del Supremo de levantarle su inmunidad parlamentaria y enjuiciarlo.

En un comunicado oficial, los diputados señalaron que la decisión del máximo tribunal de solicitar a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se levante la inmunidad de Guevara demuestra una vez más la violación del orden constitucional y democrático, así como la grave persecución política por parte del régimen de Maduro.

Para PJ, este acto se desprende completamente del marco constitucional, puesto que es el Parlamento la única institución que puede autorizar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, por lo que reiteran que desconocen cualquier acto dictado por parte del TSJ y de la ilegítima ANC.

Para el diputado Juan Miguel Matteus, la Constituyente y el Supremo pretenden vulnerar nuevamente la Constitución y allanar la inmunidad de los diputados “violando el artículo 200” de la Carta Magna.

Este artículo dice que los diputados a la Asamblea Nacional (AN) gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo.

Sobre los presuntos delitos que alguno pudiere cometer dice que conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento.

Este viernes, el máximo tribunal declaró -sin una decisión previa de la Cámara- que Guevara debe ser juzgado por tribunales penales porque presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir, sin precisar más detalles sobre estos delitos.

Además, indicó que Guevara ha cometido varios delitos en flagrancia, también sin explicar si se tratan de los mismos delitos antes señalados.

Ante delitos en flagrancia, el mismo artículo 200 de la Constitución venezolana dice: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.

También la diputada Marialbert Barrios expresó su apoyo a Guevara y señaló en Twitter que el Gobierno de Maduro muestra su totalitarismo al tomar atajos para “criminalizar a la disidencia.

La bancada antichavista del Parlamento exige al Gobierno y al resto de las instituciones subordinadas a él que cese la persecución política y se respete la autonomía e independencia del Poder Legislativo.

Además, sus miembros se han mostrado dispuestos a apoyar todas y cada una de las acciones, nacional e internacionalmente, que se acuerden hacer en procura (…) de la figura de la inmunidad parlamentaria, como expresó el diputado Biagio Pilieri en Twitter.

Hace tres días, el fiscal general, Tarek Saab, adelantó que solicitaría al TSJ iniciar acciones que permitan un proceso penal contra aquellos funcionarios que han llamado a desconocer las instituciones del Estado, en referencia a dirigentes opositores que han pedido no participar en los comicios de alcaldes de diciembre.

Pese a que la oposición no ha llamado a sabotear esta jornada electoral, los investigados podrían enfrentarse a cargos de conspiración e instigación a la desobediencia, según el fiscal.

Sin embargo, es difusa la relación entre la petición de Saab y la orden del Supremo, dado que la investigación y las acusaciones hechas por el fiscal difieren de las que la alta corte le achaca a Guevara.

Entretanto, se desconoce si Guevara permanece en el país caribeño e irá a juicio -como el líder opositor Leopoldo López, fundador del partido en el que milita el diputado, Voluntad Popular,- o si se exiliará como varias otras autoridades opositoras venezolanas acusadas por parte del Supremo.




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