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La audiencia de presentación de los 13 indígenas pemones, acusados por los ataques a dos bases militares en el estado Bolívar en diciembre pasado, fue diferida por falta de intérprete.

El coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, comentó en su que la presentación en el Palacio de Justicia no se realizó, reseñó Efecto Cocuyo.

A los indígenas los trasladaron al Palacio de Justicia de Caracas a las 2:00 de la tarde. Aunque, pasadas las 9:00 de la noche les informaron de la suspensión de la audiencia.

Ortiz recordó que se trata de 13 presos políticos y que esta es la tercera ocasión que ocurre un diferimiento del proceso que se le sigue en su contra. Colgó un video donde las madres de los pemones demandaron su libertad.

Los pemones están recluidos en el Internado Judicial de El Rodeo, en el estado Miranda, a donde los trasladaron lejos de sus familias y abogados defensores a principios de 2020.

De qué se les acusa

El domingo 22 de diciembre 2019, 12 personas, presuntamente lideradas por un oficial desertor y con él indígenas pemones, tomaron el 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, en horas de la madrugada.

La información del Comando de Zona N° 62 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Bolívar detalló que se llevaron 12 fusiles y municiones del parque de armas en una camioneta y un camión, después de tomar como rehenes al comandante de la unidad y dos oficiales.

Además, ocurrió otro asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado (Escamoto) Coronel Hermenegildo Mujica Ramos, así como un puesto de la Policía del Estado Bolívar. Sin embargo, ese día detuvieron a un militar y recuperaron el camión donde transportaban  82 fusiles, 60 granadas, un lanzacohetes, una ametralladora, seis bazucas y seis cajas de municiones.

Sin respeto al debido proceso

Tras estos ataques, el Foro Penal denunció en enero pasado sobre la persecución en contra de las comunidades pemonas durante finales de diciembre.

Gonzalo Himiob dijo, en ese momento, las violaciones al debido proceso y el irrespeto a las tradicionales ancestrales indígenas por parte de la administración de Nicolás Maduro y la justicia venezolana.

En el caso de los indígenas detenidos, que fueron arrestados además en territorios que ancestral y tradicionalmente pertenecen a los pueblos indígenas, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución (…) fueron traídos a Caracas para ser juzgados por tribunales que se ocupan de temas gravísimos como el terrorismo, agregó.

Amnistía Internacional también denunció el caso. Recordaron que tras su arresto permanecieron incomunicados por 50 días y en mayo pasado los trasladaron a El Rodeo II, después de estar en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde enero.

Con información de Efecto Cocuyo.




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