La Fuerza Armada venezolana respaldó este martes la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente popular para reformar la Carta Magna.
«Es una propuesta revolucionaria, constitucional y profundamente democrática que nosotros acompañamos desde la Fuerza Armada», dijo a periodistas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
El funcionario y jefe de la institución castrense aseguró que la convocatoria -que la oposición considera como un «golpe de Estado» para evitar elecciones- es «constitucional» y afirmó que «no puede haber algo más democrático que convocar al poder constituyente original que es el pueblo».
Tras esa declaración, la mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo que insta a la Fuerza Armada a desconocer la convocatoria de Maduro.
Le pide que «respete de manera fiel el marco jurídico y constitucional, sin atender órdenes superiores que lesionen los derechos humanos y menoscaben principios fundamentales de la Constitución».
El documento -aprobado sin la presencia de los diputados oficialistas- se apoya en el artículo 333 de la Carta Magna, que establece que si ésta deja de observarse «por acto de fuerza», como considera la oposición que ocurre, «todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia».
La oposición considera «fraudulenta» la iniciativa de Maduro, ya que la mitad de los 500 asambleístas que modificarán la Constitución serán elegidos por sectores como sindicatos, consejos comunales o campesinos que, a su juicio, «están controlados por el gobierno».
Los demás serán seleccionados por circunscripción regional.
«Aquí no se está planteando consultar al pueblo, sino que desde el PSUV (partido de gobierno) se elijan ellos mismos para tener una Constitución hecha a su medida», advirtió Freddy Guevara, vicepresidente del Legislativo.
«Esta nueva arremetida es la máxima expresión del golpe continuado y contempla la deleznable intención de disolver la República (…) Se exhorta al Poder Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia a que respeten la soberanía popular y se abstengan de avalar» la propuesta, añade el acuerdo legislativo.
La oposición reiteró su exigencia de «elecciones generales», principal reclamo de las protestas que iniciaron el 1 de abril y dejan 28 muertos y cientos de heridos, de los cuales se acusan ambas partes.
