El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar el tráfico ilegal. Estados Unidos anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana.
Un enorme andamiaje que ha propiciado masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a un territorio que es Patrimonio de la Humanidad.
“El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”. Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien se refería así al uso que el jefe del gobierno venezolano le ha dado al negocio de extracción de oro en este territorio. A partir de esa declaración del 1ero de noviembre de 2018, el país norteamericano prohibía a sus habitantes y empresas cualquier transacción relacionada con el metal precioso proveniente de Venezuela so pena de sanción.
Nueve meses antes de aquella sentencia presidencial, un destello ocurrió sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en Venezuela bajo la administración de Maduro: en febrero de 2018 decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam, en el Reino de los Países Bajos.
Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, venía de Maracaibo, al oeste de Venezuela, y su destino final era Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a la pequeña nación en medio de un bloqueo ordenado por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.
Un nombre salió a relucir en el centro de todas las irregularidades. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba tiene nombre y apellido: Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco. (Lea más en Pista 1)
El hecho no solo evidencia que existe una ruta de fuga de oro venezolano vía las islas del Caribe neerlandés sino que también confirma la participación del gobierno venezolano en el tráfico ilegal del oro al utilizar la figura de una empresa estatal para formalizar su comercialización internacional. A dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al BCV como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas existentes, según Transparencia Venezuela.
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