El fujimorismo percibe absoluta justicia en puesta en libertad de su líder
/ Foto: Agencias

Los simpatizantes del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) consideraron este jueves que es de «absoluta justicia» la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) de aprobar un hábeas corpus a favor del exmandatario que le permitirá salir de la cárcel.

«La libertad del presidente Fujimori es de absoluta justicia. Por todo lo que hizo por el Perú (muchísimo), pero lo es, sobre todo, porque, legalmente, le corresponde. La Constitución se respeta siempre, no solo cuando a un grupete le conviene», escribió en Twitter el secretario general del partido Fuerza Popular, Luis Galarreta.

El también integrante del Parlamento Andino aseguró que la familia del expresidente «lo espera».

El también congresista de Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori -hija del exmandatario-, Hernando Guerra García celebró la decisión del TC en la misma red social y afirmó que, si la izquierda fuera coherente, «debería respetar el fallo».

«Pero, creo que es mucho pedir para un día», subrayó.

“Se hace justicia”

Por su parte, el médico de cabecera de Fujimori, Alejandro Aguinaga, dijo a la emisora RPP que con esta medida se «hace justicia» y consideró que no debe «traer cola».

Finalmente, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, comentó a periodistas que la decisión «es un gran alivio» para el expresidente porque «era totalmente injusto que él muera en la cárcel».

«Este no es un tema de impunidad, no se trata de evitar un castigo, lo que se trata es evaluar si es humano que un hombre se muera en la cárcel», apostilló.

El Constitucional declaró fundado el recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema, que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Con esta decisión, Fujimori, de 83 años, podrá salir del penal Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde cumplía una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. EFE




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