Congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular arremetieron este sábado contra la Fiscalía de Perú y le exigieron que publique la declaración completa que dio el empresario brasileño Marcelo Odebrecht en noviembre a un equipo de fiscales peruanos.

Odebrecht declaró que «con certeza» su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, según reveló hoy el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración.

Al referirse a Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, «que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela».

«Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces fue ese tipo de conversación», acotó.

Keiko rechazó en los últimos meses haber recibido una financiación de Odebrecht después de que se revelara que existía una anotación del empresario que decía «Aumentar Keiko 500».

Odebrecht sostuvo en su declaración que nunca llegó a encontrarse con la entonces candidata y aunque dijo que Barata tiene la información sobre si se entregó la financiación considera que «es casi seguro» que hubo una «contribución a su campaña y al partido», y que su anotación se refería «con seguridad» a 500.000 dólares.

Tras publicarse sus declaraciones, legisladores del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko, utilizaron la red social Twitter para responsabilizar a la Fiscalía por la supuesta filtración y exigir que se haga público el contenido oficial de la declaración.

En la presentación de su informe, IDL-Reporteros aseguró que «pudo obtener un tiempo atrás, una copia de ese documento que llegó hace poco a Perú luego de pasar por varias instancias oficiales en Brasil».

El congresista Héctor Becerril aseguró que el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, filtró «información editada» a la prensa y lo acusó de utilizar al Ministerio Público «con fines políticos».

El fujimorismo impulsa una acusación constitucional que busca que Sánchez sea destituido por el Congreso por una supuesta «inacción» en las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato.

La también legisladora fujimorista Luz Salgado coincidió en exigir que «el Ministerio Público debe exhibir el video completo de las declaraciones de Odebrecht» y dijo que «IDL no puede ser privilegiado y entregar solo lo que edita».

Su colega de bancada Úrsula Letona agregó que el Ministerio Público «por transparencia y por justicia» debe hacer públicas las declaraciones de Odebrecht en su totalidad.

La parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón acusó al Ministerio Público de filtrar «videos editados y frases sacadas de contexto» y exigió que se entreguen las declaraciones completas de Odebrecht a la Comisión Lava Jato, que preside su compañera de bancada Rosa Bartra.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.

Este período abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por supuestamente haber recibido un soborno de 20 millones de dólares; y Alan García (2006-2011), incluido en las investigaciones por sobornos para la construcción del metro de Lima.

También el de Ollanta Humala (2011-2016), quien ha sido encarcelado mientras se le investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.