Sindicato de GMV
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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Rubén Matute era de la mayoría que no aplaudía en el salón. Era difícil descifrar la expresión en su rostro. Parecía molesto. Pero también preocupado. Escuchó las órdenes de una representante de la Central Bolivariana de Trabajadores que les pedía gritar consignas a favor del presidente Nicolás Maduro y ni se inmutó. Tal vez ni entendió lo que les decían porque en su mente se debaten las ideas para poder comprar el pote de leche que necesita para alimentar a su hijo de nueve meses. Él ya no sabe en quién creer. Los términos embargo, litigio legal y cese de operaciones lo tienen desconcertado tras 10 años de servicio en las líneas de producción de la planta de ensamblaje más grande del país: General Motors Venezolana (GMV).

En el Club Deportivo de la firma, ubicado en la Zona Industrial Sur II de Valencia, había un grupo de no más de 500 trabajadores de la firma la mañana del viernes. Esperaban escuchar las palabras de la dirigencia sindical tras el embargo judicial de la compañía anunciado el martes 18 de abril. No había caras de alegría. Matute recordaba con sus compañeros más cercanos la época cuando comenzó a laborar en la empresa y se trabajaba en jornadas de tres turnos todos los días. La manufactura no paraba. Hace cuatro años todo cambió. De un promedio de fabricación de 180 unidades diarias se pasó a 20 con un único horario. Y en los últimos 16 meses no ha salido un solo vehículo de la planta.

La confusión es un sentimiento común. Francisco Lamas, cuenta una década como tapicero en GMV y no sabe qué pasará con su situación laboral. “No sabemos realmente qué fue lo que pasó. En mi opinión personal esto se volvió pura política”.

Wilmer Martínez, del área de mantenimiento por más de 14 años, no pudo ocultar su preocupación. “Me siento indignado, estoy en un punto de desesperación”. Perdió de repente su único ingreso económico. Ahora le corresponde decidir a qué se dedicará para mantener a su familia.

El secretario de organización del sindicato, José Puerta, fue enfático: “Estamos en un limbo económico y social. No conocemos nuestro futuro ni estabilidad laboral”. Se trata de dos mil 778 trabajadores y sus familias que dependen de GMV. Los jueves son los días fijados como de pago de nómina. Esta semana nadie recibió el depósito. “No tenemos ni un pan en la barriga, no hemos desayunado porque no tenemos qué comer”.

Se sienten desconcertados. “Todos se lavaron las manos en esta situación. Los representantes de los concesionarios que ganaron el litigio contra GMV dicen que somos responsabilidad de la transnacional, y la gerencia de la empres asegura que ahora dependemos de los demandantes”.

Puerta trató de ser explícito con los trabajadores. Insistió que la acción judicial emprendida por el concesionario Centro Automotriz Latina con sede en el estado Zulia, se ejecuta por el incumplimiento de un convenio de venta firmado por ambas parte el año 2000, que en total suman nueve mil 500 vehículos, que representan 478 millardos de bolívares. “Ese monto no representa nada para lo que valen las instalaciones de esta empresa que hace 17 años inauguró la planta más moderna de pintura de latinoamérica cuyo valor fue de 90 millones de dólares”.

Yahiris Rivas, miembro del estado Mayor Obrero y de la Central Socialista Bolivariana, también estuvo presente en la asamblea. Ella aseguró que tomarán la palabra al ministro de Economía, Ramón Lobo, quien habría declarado la tarde del 20 de abril que el Ejecutivo prestaría el dinero a la ensambladora y de esta forma garantizar la continuidad de las operaciones en Venezuela.

Ninguno de esos argumentos fue suficiente. La mayoría de los trabajadores de GMV presentes en la reunión se fueron del lugar con más dudas que respuestas. Siguen preocupados. Aún Rubén Matute no sabe cómo conseguirá el dinero para comprar el pote de leche para su hijo de nueve meses.




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