(Foto Cortesía)

Dayrí Blanco |@DayriBlanco07

La decisión es definitiva. No hay vías legales posibles para que General Motors Venezolana (GMV) continúe operativa en el país. La firma ratificó a través de un comunicado oficial que pese a las numerosas peticiones para reunirse con las autoridades del Gobierno venezolano para discutir la situación y encontrar una solución, no se ha recibido ninguna respuesta.

El pasado 18 de abril la empresa recibió una medida de amplio embargo contra sus bienes lo que causó un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionó el cese de las relaciones laborales.

La gerencia de GMV ha denunciado que el procedimiento se hizo en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso.

Otro precedente se sentó el 25 de mayo cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

Con esa negativa del avocamiento, la ensambladora de vehículos más grande y de mayor tradición en el país tomó la decisión irreversible, de cesar operaciones en Venezuela. En el comunicado enviado, la compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera del país, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.

La última vez que GMV tuvo sus líneas de producción activas fue en diciembre de 2015 cuando trabajó a menos de 10% de su capacidad instalada de 45 mil vehículos al año. La nómina de más de dos mil 700 trabajadores tiene dos años y medio laborando de forma intermitente bajo la figura de permiso empresa por falta de materia prima importada. Todos fueron liquidados dos días después del anuncio del embargo.




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