“Justicia es el principio que inclina a obrar y juzgar espetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo deben primar la justicia y la  igualdad” “Correcta aplicación de las leyes, el opuesto a la arbitrariedad” Wikipedia

El “Word Justice Project” (El Proyecto de Justicia Mundial) ubica a Venezuela en el último lugar (Nº 126 de la lista) de los países donde no existe Estado de Derecho. Esto como resultado de una investigación y examen de la vigencia del Estado de Derecho en 126 países. El WJP (por sus siglas en inglés) es una organización internacional de la sociedad civil que declara tener la misión de trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo.

EL WJP funciona a través de tres programas -investigación y becas, compromiso e índice de imperio de la ley-. Este organismo busca una mayor concienciación pública sobre la importancia fundacional del imperio de la ley, estimula reformas gubernativas y desarrollan programas prácticos en determinadas comunidades.

El índice WJP del imperio de la ley (WJP Rule of Law Index, también traducido como Índice de Estado de Derecho, índice de imperio de la ley e Índice del Estado de Derecho) es una herramienta de valoración cuantitativa diseñada para ofrecer un cuadro detallado y comprensible del grado práctico de imperio de la ley en diversos países.

En referencia a la ubicación de Venezuela en ese importante indicador mundial, el profesor de Derecho Procesal Constitucional, Roberto Hung Cavallen, aseguró que si bien la situación venezolana de falta de institucionalidad es de una gravedad nunca antes observada, en ocasiones siquiera a la presentación de último lugar en el índice refleja la realidad material.

“Quienes padecen directamente la falta del Estado de Derecho, el coexistir en un Estado dual, un Estado fallido, un Estado kenomático, son sólo precisiones teóricas, mientras existen personas en situación crítica. Como este episodio de miseria, son cientos los ciudadanos que día a día afrontan esta realidad y que cínicamente muchos niegan”, informó el antes mencionado Profesor.

El docente quien además, ha desarrollado como cátedra material no impartidas tradicionalmente en el pensum de estudio del Derecho, como lo son Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Derecho Procesal, comentó que participó en el levantamiento de la información requerida por el sistema de evaluación, reseñó Análitica. Com.

“De acuerdo con lo que señala el organismo promotor, se analizaron cerca de 120.000 casos o situaciones y se contó con la colaboración de 3.800 expertos en diferentes áreas evaluadas y que abarcan ocho factores fundamentales como: limitación de los poderes públicos; corrupción; gobernanza abierta o libre; derechos fundamentales; seguridad y orden; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia criminal”, aseveró el Profesor Hung.

De acuerdo con la percepción de los encuestados Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos se quedaron con las mejores posiciones -nada extraño-. En contraste, la República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela, ocuparon los últimos lugares. Mientras que en la región de América Latina y el Caribe Uruguay, Costa Rica y Chile mostraron los mejores resultados y Venezuela se fue hasta la última posición.

El régimen autoritario que impera en Venezuela utiliza el control de la justicia como una herramienta esencial de toda gestión dictatorial. Primero para evitar que ella controle el poder político (y sus tentaciones o prácticas corruptas). Segundo, para instrumentalizar a los jueces y fiscales en sus propósitos políticos.

De eso se ha visto antes y ahora, muchos ejemplos a lo largo de la historia: la separación de poderes y la independencia de la justicia como espacio democrático fundamental a avasallar.

Así ocurrió en el Perú cuando el fujimorismo sometió a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y a la Fiscalía de la Nación, y ocurre hoy en países de Europa del Este donde las autoridades empiezan neutralizando a los tribunales constitucionales.

Como lo ha destacado en una comunicación reciente el grupo Bloque Constitucional de Venezuela, la falta de independencia de jueces y fiscales frente al poder político es un componente clave en el proceso autoritario que ha venido sufriendo Venezuela en los últimos veinte años.

En la gestión democrática, como es evidente, contar con una justicia independiente tendrá que ser central para poder hablar de “democracia” en el país.

A continuación se expresan dos vivencias de cómo se administra la justicia en este régimen dictatorial.

Una de las medidas cautelares penales pedidas por el Fiscal General -designado por una Asamblea Constituyente de dudosa legitimidad- al Tribunal Supremo de Justicia contra Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional y encargado por ésta de la presidencia del país. Medidas que incluyen el bloqueo de sus bienes y el impedimento de salir del país.

Velocidad del rayo en la sentencia suprema en violación constitucional pues el Código Procesal Penal establece que no proceden medidas cautelares penales contra altos funcionarios sin previo antejuicio.

La segunda perla es: detenciones masivas desde la última semana de enero -más de 850 del 21 al 26 de enero- sin órdenes de captura o autorizaciones judiciales, allanamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza sin que los jueces hubieran podido actuar en los casos en que lo intentaron.

Lamentablemente, en paralelo, muchas veces jueces y fiscales provisorios, sometidos al poder político autoritario, convalidaron -a veces con su inacción- varias de las detenciones arbitrarias.

Por estas realidades y otras “verdades judiciales” es el motivo por el cual Venezuela está ubicado en el último lugar del informe 2019 en El Proyecto de Justicia Mundial




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