Veinte familias siguen desalojadas. A dos semanas de la explosión en el edificio 9 de la Urbanización Terrazas de San Diego, que ocasionó una persona fallecida, varios heridos, la pérdida total de un apartamento y daños de consideración en al menos otras veinte viviendas, la Gobernación del estado Carabobo no ha brindado ningún tipo de ayuda.
Los propietarios de esos 20 apartamentos hacen vigilia frente a sus casas cada día y cada noche. No pueden habitarlos, por los riesgos derivados del siniestro presuntamente causado por una fuga de gas. Necesitan repararlos, sus casas son recuperables, pero requieren apoyo.
Diliana Barrientos, propietaria del apartamento 9-47 y vocera de la comunidad afectada, detalló que el día del siniestro se acercaron a la urbanización supuestos representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Regional y prometieron apoyo a las familias afectadas. «También dijeron que el gobernador Rafael Lacava haría acto de presencia, pero a la fecha no ha ocurrido».
Barrientos recordó que la familia más golpeada por el siniestro reside en el apartamento 9-15. Allí falleció el padre de familia y sobrevivieron su esposa con embarazo avanzado y un niño de 10 años con quemaduras de consideración, quien espera una intervención quirúrgica en el Hospital Carabobo.
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La vocera recordó que aún están a la espera del informe del Cuerpo de Bomberos sobre las causas de la explosión, pero aclaró que la empresa Construcciones y Servicios, C.A. (COYSERCA) hizo la consulta a los ingenieros que participaron en este desarrollo habitacional, quienes desde Canadá y Bogotá aseguraron que no es necesario demoler la estructura sino realizar obras de refacción, para las cuales ya se elaboró una lista de materiales de construcción.
Los vecinos fueron a la secretaría de Gobierno. Jesús Santander no los recibió. Intentaron llegar al gobernador Rafael Lacava para entregarle un informe, pero no lograron el cometido. Los dejaron en la puerta con la recomendación de que llevaran un expediente para ver si podían apoyarlos.
Los vecinos reiteraron el llamado al secretario de Gobierno, Jesús Santander, o al gobernador Rafael Lacava para que les ayuden. «Somos 20 hogares afectados que también somos venezolanos, conformados por niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, discapacitados, madres y padres trabajadores que hemos perdido nuestras viviendas. De todos es conocido el altísimo costo de los materiales de construcción y por eso necesitaremos la ayuda de todos”.
Los vecinos se han organizado para abrir una cuenta bancaria a través de la cual los interesados, tanto del sector oficial como empresarial y particulares, puedan hacer efectivo su aporte que hará posible iniciar las reparaciones que devuelvan la habitabilidad del inmueble.
